El presunto agresor del alcalde de San Bernardo, Cristopher White, ha sido sometido a arresto domiciliario total, arraigo nacional y se le ha prohibido acercarse a la víctima tras ser acusado de amenazas, lesiones menos graves, atentado contra la autoridad y daños.
El incidente ocurrió el pasado miércoles 15 de abril, cuando el alcalde y su equipo municipal estaban realizando un operativo de limpieza en la Villa Don Bosco. Durante esta actividad, surgieron tensiones con algunos vecinos, quienes agredieron al alcalde, a un fotógrafo y a otros funcionarios, además de causar daños a varios vehículos mediante el lanzamiento de objetos contundentes. Como resultado de la agresión, el alcalde y su equipo fueron trasladados al Cesfam Raúl Brañes para recibir atención médica.
El 17 de abril, el Departamento OS9 de Carabineros detuvo al presunto autor de la agresión. La abogada querellante, Catarina Correa, expresó su descontento con las medidas cautelares impuestas, argumentando que no son suficientes para garantizar la seguridad de los afectados. “Nosotros, en representación tanto del alcalde como de cada uno de los funcionarios que fue afectado, no estamos conformes del todo con la medida cautelar”, afirmó Correa. Además, solicitó que se impusiera prisión preventiva al imputado, citando el contexto de peligrosidad en la comuna de San Bernardo.
A pesar de su descontento, Correa reconoció que las medidas actuales, que incluyen el arresto domiciliario total y la prohibición de acercamiento a las víctimas, cumplen con los objetivos del procedimiento judicial. La abogada indicó que se evaluará la posibilidad de solicitar una medida más severa en caso de incumplimiento por parte del imputado.
El acusado tiene antecedentes penales previos por receptación y actualmente cumple una condena desde 2025. Por su parte, el abogado defensor, Ignacio Lagos, ha manifestado su intención de solicitar una reducción de la medida cautelar a arresto nocturno, permitiendo así que el imputado pueda retomar sus actividades laborales.
El tribunal ha establecido un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se espera reunir más pruebas y determinar si hay otros implicados en el ataque.
