El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha reconocido la existencia de una deuda universitaria relacionada con su etapa como estudiante, la cual fue revelada en un reciente reportaje. Esta situación se enmarca en una investigación que identificó a más de 30 altos funcionarios del Congreso y la Contraloría como deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).
Valencia, quien cursó su carrera hace más de tres décadas, explicó que el monto inicialmente atribuido a su deuda era de 218 UTM, lo que equivale a cerca de $15 millones. Sin embargo, el fiscal aclaró que su deuda real era de 75,51 UTM, aproximadamente $5,2 millones, debido a una reprogramación que incluyó intereses. Afirmó que esta obligación correspondía a un saldo pendiente de su último año de carrera y que fue completamente saldada antes de la publicación del reportaje.
Según documentos citados por Biobío, el pago se concretó el 10 de abril, pocos días antes de que se difundiera la investigación. Valencia también indicó que la discrepancia entre las cifras se debe a ajustes e intereses acumulados a lo largo del tiempo, y reiteró que actualmente no tiene deudas con la universidad.
Este caso surge en un contexto más amplio, tras el anuncio del Gobierno sobre el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), donde se ha revelado que miles de funcionarios públicos son deudores del sistema de financiamiento estudiantil. En este marco, el subsecretario del Trabajo ha respaldado la implementación de la ley de 40 horas, afirmando que “estamos implementando la reducción de jornada, con responsabilidad, con gradualidad y con mucho sentido práctico”.
La situación de Valencia ha generado un debate sobre la gestión de deudas estudiantiles en el país, en un momento en que la atención pública se centra en las políticas de financiamiento educativo y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
