La desaprobación del presidente José Antonio Kast ha alcanzado un 49%, según la última encuesta de Criteria, lo que refleja un aumento de tres puntos respecto a la medición anterior. En este contexto, la aprobación del mandatario se sitúa en un 36%, lo que representa una caída de seis puntos en comparación con el estudio previo, evidenciando un deterioro en las expectativas económicas y una evaluación más crítica por parte de la ciudadanía sobre el rumbo del país.
El sondeo revela que un 15% de los encuestados no aprueba ni desaprueba la gestión del Gobierno, lo que indica que existe un segmento significativo de la población que aún no ha tomado una postura clara respecto a la administración actual. En cuanto a la percepción sobre el rumbo del país, solo un 35% de los encuestados considera que el Gobierno está en el camino correcto, lo que representa una disminución de tres puntos respecto a la encuesta anterior. Por el contrario, un 44% opina que el enfoque del Gobierno es incorrecto, lo que refleja una percepción mayoritariamente negativa entre los ciudadanos.
Estos resultados marcan el tercer sondeo consecutivo en el que la aprobación presidencial muestra una tendencia a la baja, en un contexto político y económico complejo. La situación se agrava considerando que el presidente fue elegido con el mandato de abordar dos temas prioritarios para la sociedad: la economía y la seguridad. Sin embargo, la seguridad, que durante años ocupó el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas, ha caído al segundo puesto, con un 56% de los encuestados priorizando el costo de vida y la salud pública.
En un contexto más amplio, el presidente ha evitado debates ideológicos polarizantes y ha priorizado temas concretos como el costo de vida, la salud pública y la transparencia institucional. Esta situación se produce en un momento en que el nuevo escenario político en Hungría, tras la elección de Magyar, ha generado expectativas de revertir varias reformas impulsadas durante la era de Orbán, especialmente en lo que respecta al Estado de derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa.
Por otro lado, un incidente reciente en la Universidad Austral de Chile ha reabierto el debate sobre los límites de la protesta y el uso de la violencia en espacios públicos, así como el papel de las autoridades en el manejo de manifestaciones en contextos universitarios. En este marco, la presidenta del Senado ha abordado la investigación contra Flores, subrayando la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre los recursos públicos. Además, el ministro del Trabajo ha anunciado que el Gobierno está trabajando en un paquete de entre 40 y 45 medidas destinadas a impulsar el empleo.
