En las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, más de una decena de nombramientos de secretarios regionales ministeriales (seremi) han fracasado, evidenciando problemas de idoneidad y controversias en redes sociales. La situación se ha vuelto crítica, con renuncias y revocaciones que han marcado el inicio de la administración.
Uno de los casos más recientes es el del actor Renato Münster, quien iba a asumir como seremi de las Culturas de la Región Metropolitana. Aunque el miércoles pasado justificó su decisión de no aceptar el cargo por “motivos personales y urgentes”, su renuncia se produjo en medio de la reaparición de tuits en los que criticaba al presidente Kast, describiendo su postura como “medieval” y calificándolo de parte de una “derecha extrema”.
Otro nombramiento frustrado fue el de Alexander Nanjarí, designado para la seremi de Educación en Biobío. Su salida se debió a la difusión de publicaciones en las que expresaba preferencias por relaciones con mujeres significativamente más jóvenes, lo que generó controversia. Nanjarí anunció acciones legales por daños a su honra tras su renuncia.
Patricia Dinamarca Reyes, quien iba a asumir la seremi de Educación en Los Lagos, también se vio envuelta en polémicas. Su nombramiento fue anulado el 1 de abril, tras la difusión de sus publicaciones en apoyo a las movilizaciones del estallido social. Dinamarca rechazó las acusaciones y denunció un presunto sabotaje informático.
Karina Trujillo, designada seremi de Justicia en Antofagasta, renunció el 15 de abril, citando “razones profesionales y personales”. Su nombramiento fue cuestionado debido a su vinculación con causas relacionadas con el tráfico de drogas durante su tiempo en la Defensoría Penal Pública.
Aldo Ibani, seremi de Salud en Valparaíso, estuvo en el cargo solo tres días antes de enfrentar críticas por su falta de experiencia y acusaciones de venta de productos falsificados. En una carta a la subsecretaria de Salud Pública, Ibani expresó su deseo de defender su honra tras las acusaciones en su contra.
El nombramiento de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas en Los Ríos fue revocado el 31 de marzo, tras surgir acusaciones de irregularidades financieras relacionadas con su anterior gestión en el Club de Deportes Valdivia. El coronel (r) Hernán Silvavio también vio frustrado su nombramiento en la seremi de Seguridad de Valparaíso debido a un sumario administrativo por presunta falsificación de firmas.
Al menos tres autoridades no pudieron asumir sus cargos por no cumplir con el requisito de tener un título profesional de 10 semestres académicos, incluyendo a Lizet Tapia (Desarrollo Social, Antofagasta), Anggel Colque (Mujer, Antofagasta) y Jorge Ravelo (Energía, Los Lagos). En Arica y Parinacota, Nataly Cruz Plazano no pudo ser confirmada como seremi del Trabajo por falta de verificación de su experiencia laboral.
Uno de los casos más llamativos fue el de Patrick Dungan, seremi de Energía de La Araucanía, quien desde el 13 de abril no asistió a su oficina ni respondió llamadas, lo que llevó a la revocación de su nombramiento. Otros casos de renuncias se han justificado con motivos personales, como en los casos de Carlos Montero (Trabajo, Valparaíso) y Mauricio Montealegre (Obras Públicas, Tarapacá).
La situación ha llevado a la administración a iniciar un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias de estas renuncias y revocaciones, mientras al menos tres funcionarios de Gendarmería han sido suspendidos de sus funciones.
