A finales de marzo, el parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que establece la pena de muerte para individuos condenados por delitos graves de terrorismo. Esta decisión ha suscitado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, con reacciones diversas que reflejan la polarización del tema.
El Knéset, el parlamento unicameral israelí, aprobó la legislación con un estrecho margen de 62 votos a favor y 48 en contra. La medida fue celebrada por el ministro de seguridad interior, Itamar Ben-Gvir, quien fue fotografiado brindando con espumante y luciendo un pin con forma de horca, afirmando que “iban a colgar muchos terroristas”. Sin embargo, la ley enfrenta oposición por parte de grupos de derechos humanos y de la oposición política, lo que ha llevado a que su implementación dependa de la aprobación del Tribunal Supremo de Israel en un futuro cercano.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Unión Europea y organizaciones como Human Rights Watch han expresado su preocupación, instando a Israel a derogar la ley. Desde Estados Unidos, se ha hecho un llamado a que el país aliado utilice la nueva legislación con cautela. Desde el gobierno israelí, se ha intentado aclarar que la aplicación de la pena de muerte no será automática y que se requerirán altos estándares judiciales, limitándose a casos excepcionales de terrorismo masivo y ataques sistemáticos contra civiles.
El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, comentó que la aprobación de esta ley ha generado un debate intenso en la sociedad israelí, señalando que su origen se encuentra en la reacción a los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. “La idea de esta ley es tratar de evitar el terrorismo, poner una fase más de miedo contra los terroristas”, explicó Lewi, quien también reconoció que la ley es muy controvertida y que, en tiempos de paz, probablemente no habría sido aprobada.
Por otro lado, la comunidad palestina ha manifestado su rechazo a la normativa, argumentando que esta solo incrementará la violencia en un contexto de conflicto abierto. Diego Khamis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, expresó su escepticismo sobre la efectividad disuasiva de la ley, señalando que representa una violación de la legalidad internacional y que podría ser considerada un crimen de guerra.
La oposición a la ley también ha sido fuerte entre líderes europeos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la calificó como un “paso hacia el apartheid”, argumentando que se aplicaría de manera asimétrica, afectando desproporcionadamente a los palestinos. Otros ministros de relaciones exteriores de países como Francia, Alemania, Reino Unido e Italia han coincidido en que la pena de muerte es un castigo inhumano y degradante, y han expresado su oposición a su implementación en cualquier circunstancia.
En respuesta a las críticas, Lewi defendió la postura de Israel, señalando que otros países de la región también aplican la pena de muerte sin que haya un clamor internacional similar. “Hay una doble moral, porque Israel está juzgada de una manera diferente de otros países”, afirmó.
La ley, que no se aplicaba en Israel desde 1962, cuando se ejecutó a Adolf Eichmann por crímenes contra la humanidad, ha reabierto el debate sobre la justicia y la legalidad en el contexto del conflicto israelí-palestino. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollará esta situación y qué implicaciones tendrá para la paz y la seguridad en la región.
