La Delegación Presidencial de Valparaíso ha programado una reunión ampliada para la próxima semana con representantes de las cooperativas de la megatoma de San Antonio, en el contexto del proceso de desalojo del asentamiento irregular. Este encuentro tiene como objetivo avanzar en la planificación y coordinación para definir un calendario de intervención en la zona.
En paralelo, las autoridades están monitoreando la situación en el terreno, especialmente en los sectores considerados como el “núcleo duro”, donde se prevén mayores complicaciones durante el desalojo. Además, se ha solicitado al Ministerio de Vivienda que recopile información sobre el terreno expropiado, con el fin de determinar cuántas personas podrían ser reubicadas en ese espacio.
La Delegación también planea informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre posibles modificaciones en los plazos y en la metodología de ejecución del desalojo, lo que se definirá en conjunto con las fuerzas policiales, teniendo en cuenta los puntos más críticos del operativo. Un nuevo dato relevante es la existencia de un terreno colindante de aproximadamente cinco hectáreas que también está tomado y que cuenta con una orden de desalojo judicial, según lo indicado por el delegado presidencial Manuel Millones.
Desde las organizaciones que representan a los ocupantes del asentamiento han expresado su preocupación por la falta de coordinación y comunicación con las autoridades. La reunión solicitada, a través de la Ley del Lobby, será el primer contacto formal con el delegado, y los dirigentes han señalado que aún no se ha completado la designación del equipo del Ministerio de Vivienda en la zona, lo que ha dificultado el acceso a información crucial sobre el proceso.
Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, ha denunciado que dentro del asentamiento se han reportado cobros abusivos por servicios básicos, así como ventas de terrenos y robos de casas. Los representantes de las cooperativas han manifestado una total incertidumbre respecto al futuro de la megatoma, indicando que no hay claridad sobre qué áreas serán expropiadas, cuáles serán desalojadas, ni sobre el plan habitacional que fue anunciado por la administración anterior de Gabriel Boric.
