El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, defendió la próxima ley miscelánea que propone una reforma tributaria, la cual contempla una reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%. Esta medida, que afectará a aproximadamente 150 mil empresas en el país, busca fomentar la inversión y, aunque se reconoce que disminuirá la recaudación fiscal, el Gobierno considera que es un paso necesario para reactivar la economía.
Durante su intervención, Quiroz destacó que estas empresas representan la mitad del empleo en Chile, afirmando que “esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir”. En particular, la reforma incluye un crédito tributario del 15% sobre la remuneración bruta para las pequeñas y medianas empresas, lo que se traduce en una inyección de recursos cuando estas empresas paguen prestaciones sociales, además de otros impuestos como el PPM y el IVA.
El ministro subrayó que el objetivo de esta iniciativa es reactivar el mercado laboral, especialmente en el sector de la construcción, donde se han perdido alrededor de 200 mil empleos. “Esto es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo”, afirmó Quiroz, quien también hizo un llamado a no caricaturizar la reforma como un beneficio exclusivo para los más adinerados, enfatizando que la economía chilena enfrenta desafíos significativos que requieren medidas audaces.
La propuesta se presenta en un contexto donde la oposición y algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones sobre la efectividad de tales reducciones impositivas. Sin embargo, el Gobierno sostiene que estas acciones son cruciales para estimular la economía y mejorar las condiciones laborales en el país.
En otros temas, se ha reportado que la falta de protocolos en decisiones críticas como traslados y adopciones ha generado un debate sobre la calidad de los vínculos familiares en estos procesos. Además, se anticipan lluvias intensas en el norte del país debido a un sistema frontal, lo que podría afectar incluso a la capital. Por otro lado, el caso de la grabación y difusión de registros en el Congreso ha suscitado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y la transparencia en la política chilena.
