La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” con 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, tras un extenso debate que se prolongó por más de tres horas. Esta iniciativa, que ahora se dirige al Senado, busca implementar medidas de seguridad en los colegios, incluyendo la revisión de mochilas de los estudiantes.
El proyecto fue presentado en respuesta a la trágica muerte de la inspectora María Victoria Reyes en un colegio de Calama, a manos de un alumno de 18 años que había manifestado intenciones de atacar a otros estudiantes. Durante la discusión, varios parlamentarios de la oposición, como Emilia Schneider y Daniela Serrano, propusieron modificaciones al artículo que permite la revisión de mochilas, sugiriendo que esta medida se aplicara solo a estudiantes mayores de 14 años y que se informara previamente a los padres. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas, aunque se aprobó la inclusión de consideraciones adicionales para el acompañamiento de profesionales capacitados en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales.
Entre las disposiciones del proyecto, se establece que los colegios podrán revisar las mochilas de los alumnos y solicitar la intervención de las fuerzas policiales si un estudiante se niega a la revisión y existen indicios de posible comisión de delitos. Además, se ordena que se agoten las instancias de gestión colaborativa antes de denunciar a la Superintendencia de Educación, salvo en casos de delitos o violaciones de derechos fundamentales. La Superintendencia también tendrá la obligación de sancionar denuncias infundadas.
El proyecto también prohíbe vestimentas que dificulten la identificación facial y aquellas que inciten al odio, y considera como infracción grave la interrupción de clases por parte de los estudiantes, salvo en casos involuntarios relacionados con necesidades educativas especiales. Otra de las normas que ha generado controversia es la que establece como requisito para acceder a la gratuidad educativa no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, o contra la propiedad, con una inhabilidad que durará cinco años.
Durante el debate, la ministra María Paz Arzola anunció que se considerará la sugerencia de la Democracia Cristiana de limitar la comisión de delitos a espacios escolares en el próximo trámite constitucional. La discusión sobre este proyecto se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los colegios y la necesidad de establecer un ambiente de respeto y orden en el ámbito educativo.
