El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó este martes en Argentina, con acusaciones severas contra el equipo médico que lo atendió.
El nuevo juicio se lleva a cabo en San Isidro, donde la fiscalía ha calificado al equipo médico que atendió al exfutbolista como un “grupo de improvisados” que, según la acusación, habría contribuido al deterioro de su salud. Maradona, considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años debido a una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar, tras varias horas de agonía en su residencia en Tigre, donde se recuperaba de una neurocirugía.
En este proceso, siete profesionales de la salud, que incluyen médicos, psicólogos y enfermeros, enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, lo que implica que eran conscientes de que sus acciones podrían resultar en la muerte del ídolo argentino. Durante su alegato de apertura, el fiscal Patricio Ferrari afirmó: “Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte; cualquiera que se le hubiese ocurrido trasladarlo en su última semana a una clínica en un auto o ambulancia le salvaba la vida”. Además, el fiscal destacó que hubo “todo tipo de omisiones” en lo que calificó como una “internación cruel, lapidaria, desprovista de todo”, reforzando así la acusación de negligencia médica.
El abogado Fernando Burlando, que representa a la parte acusadora, mostró un estetoscopio durante la audiencia y afirmó: “En este pequeño instrumento (…) jamás se escuchó su corazón”, lo que subraya la supuesta falta de controles médicos básicos entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020.
Por otro lado, las defensas de los acusados sostienen que la muerte de Maradona no pudo ser evitada. El abogado de Leopoldo Luque, uno de los médicos imputados, argumentó que el exfutbolista “murió de un infarto” y que no había un cuadro previo que condujera necesariamente a su fallecimiento.
Este juicio se reanuda tras el escándalo que llevó a la anulación del primer juicio en 2025, cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach había participado en un documental clandestino sobre el caso, lo que resultó en su destitución. El proceso judicial contempla alrededor de 30 audiencias y podría extenderse hasta julio, con los imputados enfrentando penas de entre 8 y 25 años de prisión.
