Un grupo de concejales de Las Condes ha presentado un recurso de reconsideración ante la Contraloría General de la República para impugnar las restricciones que les impiden acceder a recintos educacionales y centros de salud, argumentando que estas limitaciones afectan su labor de representación vecinal.
La controversia surgió tras la emisión del Ordinario N°73 por parte de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, que establece que los concejales no tienen facultades individuales para fiscalizar directamente, lo que conlleva a una prohibición de acceso a dichas instalaciones. Guillermo Ureta, edil y presidente de la Comisión de Educación, expresó que el documento confunde la fiscalización como un acto administrativo individual con el derecho de reunión y contacto con la comunidad. “Una cosa es realizar una inspección técnica y otra muy distinta es ejercer nuestro derecho a la libre vinculación con los vecinos, el cual no requiere autorización de la entidad fiscalizada”, afirmó Ureta.
Los concejales, entre ellos Ureta, Francesca Gorrini (RN) y Nayati Mahmoud (FA), argumentan que la falta de potestad individual para la fiscalización no debería traducirse en la prohibición de sus derechos de reunión y desplazamiento. Ureta destacó que las corporaciones se han convertido en “una caja negra” en términos de fiscalización, lo que dificulta el contacto directo con la comunidad. “Creemos que no es posible fiscalizar sin tomar contacto con la comunidad”, subrayó.
Gorrini añadió que es ilógico que no puedan conversar y recabar información en terreno sobre el funcionamiento de los inmuebles de la Corporación de Salud y de la Corporación de Educación. Mahmoud lamentó tener que llegar a esta situación, señalando que es esencial para su labor de fiscalización poder supervisar el uso de recursos, especialmente ante acusaciones de falta de probidad en la corporación.
La Municipalidad de Las Condes, en respuesta a la situación, comunicó que el Ordinario N°78, que reemplazó el anterior, no resuelve el problema, ya que solo modifica una prohibición absoluta por un sistema de autorización previa, manteniendo así la dependencia del rol de la autoridad respecto a la voluntad del órgano auditado. Ureta criticó esta situación, afirmando que “sostener que el problema está resuelto es una falta de respeto al Concejo y una vulneración al principio de legalidad, ya que se están creando restricciones que no existen en la ley”.
