La Fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, se encuentra bajo investigación por múltiples delitos, incluyendo fraude al fisco, tráfico de influencias, lavado de activos y apropiación indebida, en relación con diversos contratos firmados en varias regiones de Chile, que superan los $5 mil millones. Esta situación ha generado un gran interés público y ha llevado a la Fiscalía a investigar a varios gobernadores, entre ellos Claudio Orrego, Rodrigo Mundaca, Ricardo Díaz, Jorge Flies, Rodrigo Díaz y Óscar Crisóstomo, quien fue requerido como imputado pero eligió no declarar.
Contexto de la investigación
La indagatoria, que está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se inició tras la remoción del fiscal Carlos Palma debido a su vinculación con el caso conocido como Audio. Uno de los puntos críticos de la investigación es el notable aumento de más de $3 mil millones en los aportes de ProCultura a través de convenios en el año 2022, coincidiendo con la llegada al poder del presidente Gabriel Boric. Las autoridades buscan determinar si estos fondos fueron utilizados para proyectos legítimos o si se desviaron hacia fines políticos.
Allanamientos y pruebas
El 10 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en catorce domicilios en Santiago y Bío Bío, incluyendo la residencia de Alberto Larraín y otros directivos de la Fundación. Durante estas diligencias, se incautaron equipos electrónicos que no habían sido encontrados en una primera búsqueda. Además, se ha solicitado que la Fiscalía interroge a Irina Karamanos, ex pareja del presidente Boric, en relación con una transferencia que realizó a la ONG, según un informe policial.
Demandas y querellas
ProCultura enfrenta al menos una decena de querellas presentadas por directivos como Alberto Larraín y la actriz María Constanza Gómez en diferentes tribunales del país. Entre los querellantes se encuentran AngloAmerican, Chile Vamos, el Partido Republicano, el Consejo de Defensa del Estado y los gobiernos regionales de Metropolitano y Antofagasta, todos involucrados en diversas aristas que implican el uso de fondos públicos.
Acciones judiciales
Las demandas incluyen la presentada por el Gobierno Regional Metropolitano, que reclama más de mil 600 millones de pesos por un convenio relacionado con el Programa de Prevención del Suicidio, que no se llevó a cabo. También, la Fundación Círculo Polar ha demandado a ProCultura por una deuda de $58 millones 350 mil, tras haber firmado contratos por un total de $182 millones para asesorías en salud mental. Asimismo, el GORE de Antofagasta y el CDE han solicitado la restitución de fondos destinados a la pintura de fachadas.
Demandas laborales
Cerca de 20 demandas laborales han sido interpuestas por ex trabajadores de ProCultura en Santiago, Antofagasta y Bío Bío. Los demandantes relatan que fueron desvinculados de la ONG a finales de noviembre de 2023, cuando se anunció su cierre definitivo debido al escándalo del caso Convenios. En una carta enviada a los empleados, se mencionó que la decisión se debió a “necesidades de la empresa” provocadas por el daño patrimonial y reputacional que enfrentaba la organización.
Incumplimiento de pagos
Los ex trabajadores han denunciado que, tras ser notificados de su despido, se les hizo firmar un finiquito ante notario, que incluía vacaciones, mes de aviso y años de servicio, pero que nunca se realizó el pago correspondiente. En una de las demandas, se afirma que “es evidente el engaño efectuado por la Fundación”, ya que se les indujo a firmar un finiquito con el conocimiento de que no se realizarían los pagos prometidos. Los juicios laborales continúan en curso, enfrentando dificultades para notificar a los representantes de la Fundación para que respondan ante los tribunales.
