El Juzgado de Garantía de Concepción desestimó la medida cautelar de prisión preventiva para Camila Polizzi, luego de la segunda jornada de formalización por una serie de delitos ligados mal uso de dineros públicos, decretándose el arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas que compartirá con los otros cuatro imputados de caso.
Esto, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional (Gore) del Biobío a la Fundación En Ti.
De acuerdo a la indagatoria, Polizzi y su expareja Sebastián Polanco se apropiaron de esa entidad para obtener vía asignación directa recursos por $250 millones desde la repartición regional y terminaron simulando la ejecución de los proyectos asociados a los contratos.
La pareja habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de En Ti, el pago de $10 millones por el “arriendo” de la ONG -que contaba con varios años de experiencia- para poder postular a los convenios con el Gore. Así accedieron a los fondos para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción. Al justificar los gastos de las transferencias se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como el “caso Lencería”.
El Ministerio Público imputa a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En tanto, el exadministrador del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina, son acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.
Camila Polizzi evita la cárcel y queda con arresto domiciliario
Durante la audiencia, la fiscal María José Aguayo relevó los antecedentes aportados para concretar la formalización, entre los que destacan documentos incautado en los allanamientos a los domicilios de los imputados, la revisión de sus teléfonos y otros aparatos electrónicos, donde se revisaron mensajes de texto, de voz y escuchas telefónicas, sumado a los testimonios entregados durante la investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.
Por su parte, el defensor penal público Jaime Pacheco, en representación de Camila Polizzi, cuestionó la figura de estafa por la cual es acusada la exmodelo.
“En consecuencia, en lo que dice el tipo de estafa señoría, creo que hay más que serias dudas de que efectivamente estemos satisfaciendo la tipicidad de esa norma. (…) Si no hay estafa, no hay lavado de activos, y esa es la premisa que sostiene esta defensa”, aseguró el abogado Pacheco.
Luego de 16 horas de audiencia de formalización, el juez Iohan León Espinoza argumentó para dictar su resolución que “aquí se trata de cautelar el uso de los recursos públicos”, pero también desestimó algunas tesis jurídicas que fueron presentadas por los querellantes, como el delito de estafa y el lavado de activos.
“La duda que queda: ¿son suficientes los estándares del Estado?”, se preguntó el juez León Espinoza, añadiendo que la actuación de los imputados “raya en lo burdo” por no cautelar el buen uso de los recursos públicos.
“En virtud de los artículos 5, 122, 139 y siguientes del Código Procesal Penal, se va a rechazar la petición en primer lugar de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, y en su lugar se van a decretar como medidas cautelares la 355, letra a, arresto domiciliario total en los domicilios señalados por cada uno de los imputados al principio de esta audiencia, ayer. Ahí deberán cumplir sus arrestos que empiezan a correr el día de mañana”, señaló el magistrado, quien hizo énfasis en que se enviarían en forma urgente los oficios a Carabineros para que desde este jueves verifique que los imputados estén en sus domicilios.
Tras conocerse la determinación en el Juzgado de Garantía, la fiscalía apeló verbalmente a la decisión del magistrado para insistir en la prisión preventiva, a lo que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actúa como querellante, el cual posteriormente fue desestimado por el juez que lideraba la audiencia.
Respecto al plazo de investigación, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, propuso un plazo de nueve meses, a lo cual se plegó el CDE, debido a las pericias faltantes como revisión de celulares, computadores y la comparación de firmas, lo que finalmente fue aceptado por el juez Iohan León Espinoza en consideración, además, de los 18 tomos que hay en esta indagatoria.
El miércoles, al finalizar la primera jornada de audiencia, la fiscal regional del Biobío, Cartagena, informó que otras tres personas serán formalizadas en esta causa en los próximos días. Se trata de Tamara Vidal, exfuncionaria del Gore, Matías Godoy, exrepresentante legal de la Otec (Organismo Técnico de Capacitación) Frumisal Ltda., y Eduardo Quezada, que participó del convenio con su consultora EQOS. El escrito para concretar la formalización había sido presentado ese mismo día.
