Un inmueble del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la esquina de Cerviño y Ortiz Ocampo en Palermo, fue adjudicado por USD 18,5 millones en una subasta pública que se llevó a cabo el 23 de diciembre. Este edificio formó parte de un plan del Gobierno nacional para vender más de 300 propiedades públicas con el objetivo de recaudar aproximadamente 800 millones. El precio final de la subasta superó ampliamente la base inicial, que era de 6,378 millones, estableciendo un récord histórico para este tipo de operaciones, según fuentes oficiales.
El remate atrajo la atención de 18 oferentes registrados, entre los cuales se encontraban algunas de las empresas más prestigiosas del mercado inmobiliario argentino. El inmueble fue adquirido por Brukman Mansilla, una empresa reconocida en el sector. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestionó la subasta a través de la plataforma digital Subast.ar. El Tribunal de Tasaciones de la Nación había valorado inicialmente el inmueble en 5,741 millones, basándose en su ubicación estratégica y características edilicias, pero las ofertas se incrementaron significativamente durante el proceso de subasta.
El edificio se encuentra en muy buen estado de conservación y posee una superficie total cubierta de 3,143 metros cuadrados, lo que le otorga capacidad para usos residenciales o de oficinas. Actualmente, alberga oficinas administrativas y dependencias del INTA, incluyendo las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, así como otras entidades relacionadas con la innovación tecnológica agropecuaria.
La operación generó críticas por parte de los gremios de trabajadores del organismo, quienes consideraron que la decisión obedecía a una subutilización del inmueble, aunque esta afirmación ha sido cuestionada por diversas voces. La normativa exige al comprador construir en menos del 75% de la edificabilidad permitida, limitando así los proyectos que se pueden desarrollar en el lugar.
Entre los interesados en la subasta se encontraban nombres de peso como IRSA, Consultatio y Line ABV, que compiten en desarrollos de gran envergadura en Buenos Aires. Estas empresas suelen operar en zonas como el Barrio Parque y Palermo Chico, donde el valor del metro cuadrado de las viviendas en pozo ronda los 3,770 dólares, según Zonaprop.
La venta del INTA representa uno de los pasos significativos para optimizar la gestión de bienes públicos, en un programa que incluye tanto terrenos baldíos como activos inmobiliarios en distintas provincias argentinas. El inmueble subastado comprende la planta baja, el primer y el segundo piso, y cuenta con comedor, cocina y baños en cada nivel. Además, los pliegos técnicos de la AABE especificaron que tiene una edificabilidad de 10,126 metros cuadrados, un cálculo que no contempla posibles descuentos por áreas comunes o patios. Esta característica permite desarrollar un proyecto de gran magnitud, lo que otorga un alto atractivo comercial a la ciudad y sus cercanías.
Según Zonaprop, en esa área hay 3,617 unidades para estrenar, lo que confirma el interés de los desarrolladores por aprovechar las posibilidades comerciales en un entorno de alta cotización inmobiliaria. Las ventas de inmuebles públicos, enmarcadas en esta subasta, responden a una estrategia gubernamental de optimización de recursos en desuso y subutilizados en distintos puntos del país. La expectativa oficial es que los fondos recaudados sean utilizados para fortalecer políticas, aunque el destino específico de estos ingresos aún no ha sido detallado públicamente.
La subasta también generó resistencia, con protestas que se llevaron a cabo semanas antes del remate. Los opositores argumentaban que el inmueble tenía un potencial uso administrativo y que las proyecciones del organismo indicaban que podía optimizarse para albergar hasta 256 empleados, un número considerablemente mayor al de aproximadamente 100 que ocupaban el lugar actualmente. El comprador ahora tiene la obligación de cumplir con las normativas de construcción establecidas por la AABE, que demandan el desarrollo de la máxima edificabilidad permitida. Estas condiciones excluyen los destinos destinados a escuelas, espacios verdes y oficinas.
