Los empresarios involucrados en el caso “Papaya Gate” han recibido autorización judicial para realizar viajes al extranjero, cumpliendo con ciertas condiciones.
Recientemente, el tribunal competente ha concedido permisos a los imputados en el caso “Papaya Gate” para que puedan viajar fuera del país, siempre que cumplan con el pago de cauciones y mantengan la obligación de firmar mensualmente. Según información publicada por Diario El Día, estos permisos fueron otorgados bajo condiciones específicas que incluyen el cumplimiento de medidas cautelares previamente establecidas.
Los imputados, que actualmente enfrentan medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, han podido flexibilizar estas restricciones en situaciones puntuales, siempre con la autorización del tribunal. Por ejemplo, Luis Gastón Iver Hudson solicitó la suspensión de su arraigo nacional del 22 de mayo al 14 de junio de 2026 para viajar a Miami, ofreciendo una caución de $5.000.000. El tribunal aprobó su solicitud, permitiendo que la firma mensual se realice la semana anterior a su viaje.
Otro imputado, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, solicitó la suspensión de su arraigo nacional del 12 al 28 de abril de 2026, ofreciendo una caución de $10.000.000, la cual ya ha sido depositada en el tribunal. Su solicitud también fue autorizada, permitiéndole adelantar la firma mensual. Manuel Alejandro Daire Daud, por su parte, pidió suspender su arraigo nacional entre el 13 de junio y el 13 de julio de 2026, ofreciendo una caución de $10 millones, la cual fue igualmente aceptada por el tribunal.
Además, Karim Daire ya habría realizado un viaje a Brasil entre el 2 y el 17 de marzo, también bajo una caución de $10 millones. Desde el ámbito judicial, se ha destacado que estas autorizaciones se enmarcan dentro de las facultades del tribunal para revisar y ajustar las medidas cautelares, siempre que no se comprometan los fines del proceso, como asegurar la comparecencia de los imputados.
En cuanto al avance de la investigación, el caso ha experimentado cambios significativos. En enero de 2026, el Tribunal de Garantía de La Serena modificó las medidas cautelares de la exintendenta Lucía Pinto, eliminando su arresto domiciliario nocturno y reemplazándolo por firma mensual y arraigo nacional. La fiscalía aclaró que esta decisión se tomó en función de su situación procesal particular, mientras que el exadministrador regional José Cáceres continúa bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El fiscal regional Patricio Cooper indicó que la modificación de las medidas cautelares de Pinto se adoptó considerando el tiempo transcurrido desde su formalización y su comportamiento procesal. Sin embargo, se ha reiterado que estas medidas pueden ser modificadas a medida que avance la investigación.
Desde diciembre de 2025, el caso es liderado por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), bajo la dirección del fiscal regional de Coquimbo. Debido a la complejidad del caso, el Ministerio Público solicitó una extensión del plazo de investigación, la cual fue aceptada por el tribunal. La fiscalía regional de Coquimbo ha informado que el equipo SAC mantiene activa la investigación, con diligencias en curso, aunque aún no se ha fijado una fecha para un posible juicio oral.
El caso “Papaya Gate” se originó por la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del gobierno regional de Coquimbo, una operación que superó los $9.800 millones y que tenía como objetivo la construcción de un recinto deportivo tras la desaparición de la exCordep. Sin embargo, diversas pericias han determinado que el valor real de los terrenos es inferior a los $4.000 millones, lo que ha dado lugar a múltiples investigaciones, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados. La causa fue formalizada en mayo de 2025, imputando a ocho personas, entre ellas la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador José Cáceres, así como a varios ejecutivos y empresarios relacionados con la operación. En esa ocasión, el tribunal descartó la prisión preventiva y estableció medidas cautelares que aún se mantienen vigentes, aunque con excepciones para su suspensión temporal.
