La Superintendencia de Educación de Chile ha determinado que los colegios particulares pagados deberán implementar el procedimiento de Aula Segura al imponer suspensiones cautelares a estudiantes por faltas graves, como daños a la integridad física o psicológica de miembros de la comunidad escolar. Esta decisión, comunicada en un nuevo dictamen publicado el 19 de diciembre, busca unificar el tratamiento de estos casos con el de los establecimientos subvencionados y estatales, eliminando así las diferencias en las reglas disciplinarias.
Hasta ahora, la normativa permitía a los colegios particulares suspender preventivamente a un alumno durante un proceso de expulsión sin seguir un procedimiento común, lo que generaba incertidumbre y desigualdades entre los estudiantes según el tipo de establecimiento. La Superintendencia argumenta que “no se advierten motivos razonables para comprender que la diferencia en la fuente de financiamiento entre unos y otros permita hacer distinciones en el ejercicio de los derechos de los estudiantes que se verán afectados por aquella medida”.
Con esta modificación, cualquier colegio que decida suspender precautoriamente a un alumno deberá aplicar el procedimiento abreviado de Aula Segura, que incluye plazos definidos y el respeto al derecho de defensa, independientemente de que sus reglamentos internos no estén actualizados. Además, la Superintendencia aprobó una circular con instrucciones para la aplicación de medidas formativas y disciplinarias en los reglamentos internos de los establecimientos de educación básica y media, la cual comenzará a regir con el inicio del año escolar 2026. Las instituciones educativas tendrán hasta el 30 de junio para adaptar sus normas a estas nuevas disposiciones.
