Aeronave de Nicolás Maduro incautada en EE. UU. tras violar sanciones. El hecho marca un precedente en la lucha contra la impunidad internacional.
La aeronave utilizada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue trasladada al estado de Florida tras ser incautada por las autoridades estadounidenses en la República Dominicana, según reportes del canal CNN. Aunque aún no se ha emitido una confirmación oficial sobre este incidente, la confiscación del avión presidencial ocurre en un contexto de sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Maduro.
Funcionarios estadounidenses, citados por el medio, indicaron que la adquisición de la aeronave habría infringido “las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”. Además, señalaron que “incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Se estima que el costo del avión utilizado por Maduro asciende a aproximadamente 13 millones de dólares. La aeronave había estado en la República Dominicana durante varios meses, donde las autoridades locales colaboraron con diversas agencias estadounidenses, incluyendo Seguridad Nacional, Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, así como el Departamento de Justicia. Aunque los funcionarios no proporcionaron detalles específicos sobre las razones del decomiso, afirmaron que se presentó “una oportunidad” para confiscar la aeronave, lo cual ya fue comunicado al gobierno venezolano.
En un contexto más amplio, el 23 de agosto, el gobierno de Chile se unió a otros países de América en expresar su rechazo al anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que reconoció a Nicolás Maduro como el ganador de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó al régimen de Maduro como una “dictadura”. En su declaración, el gobierno chileno se alineó con otros países, incluyendo Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en su rechazo categórico al anuncio del TSJ. Este tribunal afirmó haber completado una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretendía validar los resultados sin un sustento adecuado.
La declaración también recordó que los mismos países habían desconocido la validez de la declaración del CNE, tras la imposibilidad de acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, la falta de publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de los resultados.
