El régimen de Nicolás Maduro ha dado un nuevo golpe a las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, al ordenar el cese de las funciones de los consulados de Caracas y Puerto Ordaz. Esta decisión impacta a aproximadamente 12 mil chilenos que residen en el país caribeño.
La Cancillería de Chile expresó su pesar por esta situación, que afecta tanto a los ciudadanos chilenos en Venezuela como a los venezolanos que requieren atención consular. En una declaración pública, la Cancillería indicó que está evaluando diversas alternativas para garantizar el apoyo necesario a los connacionales que viven en el país.
Esta medida se produce en un contexto en el que el caso del crimen de Ronald Ojeda ha avanzado significativamente, confirmándose la implicación del Tren de Aragua en el secuestro y asesinato del ex uniformado venezolano. La Fiscalía chilena ha señalado a Diosdado Cabello, considerado la mano derecha de Maduro, como el autor intelectual del crimen.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha manifestado que el gobierno chileno no descarta solicitar la extradición de Cabello para que enfrente la justicia en Chile. En una entrevista con radio Cooperativa, Cordero afirmó: “Cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”.
La respuesta desde Caracas no se hizo esperar. El canciller Iván Gil reiteró que las relaciones diplomáticas con Chile están rotas, a pesar de los esfuerzos de La Moneda por evitar esta situación. Gil criticó a los diplomáticos chilenos, afirmando: “Estos burócratas y diplomáticos chilenos de redes sociales son muy divertidos y ridículos. Tienen tanto afán de hacerle el coro al imperio que se olvidan de la realidad: desde agosto del año pasado la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por arrastrados a los gringos”.
Ante estos acontecimientos, diversos sectores políticos en el Congreso Nacional de Chile han instado a La Moneda a formalizar la ruptura de relaciones con el régimen de Maduro, que hasta ahora se mantenía solo a nivel consular. El senador Iván Moreira (UDI) afirmó: “No hay dudas que desde hace mucho tiempo que no tenemos relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela. Aún más, creo que hoy día tenemos que formalizar el romper relaciones con esta dictadura, por una cuestión de dignidad”.
Moreira también destacó que Chile enfrenta una migración significativa de venezolanos, con más de 750 mil en el país, muchos de ellos en situación irregular. Además, subrayó que la falta de relaciones diplomáticas complica la posibilidad de extraditar a personas involucradas en delitos.
El diputado Tomas de Rementería (PS) compartió una visión similar, señalando que “Venezuela ya tenía una línea de actos dinamitados con Chile y en especial de violencia contra el presidente Boric. Creo que ya de facto no existen relaciones diplomáticas. Ellos cortaron relaciones con nosotros”.
De acuerdo con Rementería, la postura de Chile debe ser continuar condenando la falta de democracia en Venezuela y los actos delictivos que, según se ha informado, se habrían cometido en el país, en todas las instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional.
