En los últimos cinco años, se han registrado 164 casos de personas inhabilitadas que desempeñaron funciones con contacto directo con menores en Chile, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Este hallazgo pone de manifiesto el incumplimiento de la normativa que prohíbe a individuos con antecedentes penales relacionados con delitos sexuales contra menores ocupar cargos que impliquen una relación habitual con niños, niñas y adolescentes.
El 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la CGR revela que, en 2025, se identificaron 35 personas que, a pesar de estar inhabilitadas, ejercieron funciones públicas que requerían contacto directo con menores. Esta situación compromete la protección de los derechos fundamentales de los menores, lo que ha llevado a la Contraloría a instar a las instituciones involucradas a cumplir con la normativa vigente.
El Decreto Ley N° 645 de 1925 establece el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, que incluye secciones para “Inhabilitaciones Perpetuas” e “Inhabilitaciones Temporales”. Este marco legal exige que cualquier entidad que contrate a personas para roles que impliquen interacción con menores verifique si estas están afectadas por inhabilitaciones absolutas, perpetuas o temporales.
El informe de la CGR destaca que, entre 2020 y agosto de 2025, 72 instituciones del Estado contrataron a personas inhabilitadas. Las municipalidades de El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Quinta de Tilcoco, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, El Monte, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Concepción, La Pintana, Lago Ranco, San Javier, Mariquina, Lumaco, Illapel y Peralillo son algunas de las entidades que se vieron involucradas en esta problemática. Además, se mencionan otras organizaciones como el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía y el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins.
La Contraloría ha instruido a las entidades implicadas a dar cumplimiento inmediato a la normativa, lo que incluye la revisión de nombramientos inhábiles y el inicio de procedimientos disciplinarios en un plazo máximo de cinco días hábiles. La mayoría de los casos detectados están relacionados con el ámbito escolar, incluyendo cargos como profesor, auxiliar de aseo y asistente de la educación, lo que resalta la necesidad de una supervisión más rigurosa en la contratación de personal que trabaja con menores.
