El Gobierno Nacional de Ecuador ha decidido no proceder con la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el cantón de Archidona, ubicado en la provincia de Napo. Esta decisión se produce tras doce días de protestas continuas en la región, donde comunidades indígenas Kichwas y organizaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto, argumentando la falta de consulta previa y el impacto ambiental que la obra podría generar en el sector.
Protestas y movilizaciones en Archidona
Durante las movilizaciones, los habitantes implementaron diversas medidas de resistencia, incluyendo el cierre de vías estratégicas que conectan la Amazonía con otras regiones del país. Las marchas fueron multitudinarias y se llevaron a cabo en la Gobernación, donde los líderes comunitarios exigieron el respeto a sus derechos constitucionales y la detención del proyecto carcelario.
La Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros colectivos respaldaron la postura de los habitantes de Archidona, señalando que la construcción de la cárcel vulneraba los principios de participación y el derecho a un ambiente sano.
Diálogo y decisiones del Gobierno
El pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo, a través de la subsecretaria de Gobernabilidad, Justina Zambrano, había manifestado su intención de continuar el diálogo con las comunidades. Sin embargo, el 16 de diciembre, el Ministerio del Gobierno anunció que el proyecto “será ejecutado en un nuevo punto estratégico que se definirá en coordinación con las autoridades locales de Salinas”. Esta decisión se basó en una solicitud del alcalde de Salinas, Dennis Córdova, quien envió una carta al ministro del Gobierno, José Gasca, solicitando la implementación de un centro penitenciario en su territorio.
Según la Municipalidad de Salinas, la construcción de la cárcel no solo fortalecería la región, sino que también generaría empleo directo e indirecto, dinamizando la economía local. Además, se destacó que se cuenta con un espacio físico adecuado para apoyar el Plan de Seguridad Integral promovido por el Gobierno.
El Ejecutivo busca trasladar el proyecto a Salinas con el objetivo de cumplir los objetivos del plan de manera más consensuada y estratégica. Se aseguró que el Municipio “respaldará” la implementación de acciones “contra la inseguridad, el narcoterrorismo y las mafias que protegen a los pillos”, reafirmando que la seguridad sigue siendo una prioridad nacional.
Características del nuevo proyecto penitenciario
Como parte de las iniciativas gubernamentales en materia de seguridad, en junio de este año, el presidente Noboa visitó la comunidad de Bajada Chanduy. Este nuevo proyecto, inspirado en modelos penitenciarios internacionales, está diseñado para albergar a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, con instalaciones que contarán con estrictos controles, contribuyendo así a descongestionar las cárceles existentes. Hasta octubre, el avance del proyecto estaba registrado en un 30%, y se le había dado el nombre de “Encuentro”.
Por su parte, los habitantes de Archidona celebraron lo que consideran una victoria de la resistencia y la unidad social. Los líderes comunitarios afirmaron que esta experiencia refuerza la necesidad de implementar procesos que consideren los impactos directos en las poblaciones vulnerables de los territorios. A pesar de la decisión de no instalar la prisión, se señaló que se implementará la actual edificación carcelaria en el lugar, ya que “la infraestructura es mínima y deficiente, y será repotenciada en la medida de las capacidades”.
En un comunicado oficial, la institución reiteró que la intención inicial del proyecto era priorizar “el desarrollo económico del cantón”.
