La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado el decomiso de bienes en la causa por administración fraudulenta conocida como ‘Vialidad’, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio.
Este fallo, emitido el viernes, confirma una decisión anterior del Tribunal Oral Federal 2, que en noviembre de 2025 había ordenado el decomiso de bienes por un monto cercano a los 685.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 480 millones de dólares), cifra que la Justicia considera como el perjuicio causado al Estado.
El fallo abarca un total de 111 bienes, que incluyen inmuebles relacionados con Fernández, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, quien también ha sido condenado en el mismo caso. En una primera fase, se procederá al decomiso de unas 20 propiedades vinculadas directamente a la exmandataria y su familia, mientras que más de 80 bienes pertenecen a Báez y a empresas asociadas a la investigación.
Los jueces desestimaron los argumentos presentados por las defensas de Fernández y Báez, afirmando que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos en el contexto de una causa que ya cuenta con condenas firmes. Además, subrayaron que el objetivo del decomiso es recuperar activos relacionados con actos de corrupción y evitar que los beneficios obtenidos de manera ilícita permanezcan en manos de los condenados.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal también desestimó los últimos recursos presentados por Fernández y Báez. La resolución establece que el decomiso puede extenderse a bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos recibidos por herencia, ya que el origen ilícito de estos activos no se ve alterado por su traspaso.
Sin embargo, el fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien argumentó que en algunos casos no se analizaron adecuadamente los planteamientos de las defensas en relación con los bienes heredados por los hijos de la expresidenta.
La causa ‘Vialidad’ investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y resultó en la condena de Fernández en diciembre de 2022, que fue confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025, lo que permitió la ejecución de la pena y las medidas económicas asociadas.
