La Contraloría General de la República ha iniciado una fiscalización en La Moneda sobre los pagos realizados a 11 miembros de la Oficina del Presidente Electo (OPE) entre enero y marzo de 2026, en el contexto del programa de cambio de mando. Esta acción se produce tras la revelación de que estos funcionarios recibieron montos que oscilan entre $333.333 y $1.500.000 por su apoyo al entonces presidente electo José Antonio Kast, así como por labores de coordinación logística y trabajo comunicacional.
La visita de los funcionarios de la Contraloría a las dependencias de la Dirección Administrativa de la Presidencia tuvo lugar el jueves a las 10:00 horas, con el objetivo de revisar los gastos relacionados con arriendos y propiedades utilizadas durante el periodo de transición. En un comunicado, la Presidencia defendió los desembolsos, afirmando que “no existen gastos públicos asociados a la OPE” y que los pagos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, una práctica habitual en administraciones anteriores.
Desde La Moneda se destacó que durante el traspaso de poder en 2022, que llevó a Gabriel Boric a la presidencia, se involucraron 19 funcionarios, entre ellos las futuras ministras Izkia Siches y Antonia Orellana. En contraste, el número de beneficiarios en el cambio de mando de 2026 se redujo a 11. Los pagos a estos funcionarios se efectuaron entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, justo un día antes de que Kast asumiera oficialmente el cargo.
Sin embargo, en el portal de transparencia, los registros de estos trabajadores solo aparecen reflejados en los meses de febrero y marzo, en el contexto del cambio de mando. Entre los beneficiarios se encuentran el abogado Cristián Valenzuela, quien recibió $1.500.000 y actualmente es asesor del Segundo Piso; el ingeniero comercial Julio Feres, actual director administrativo de La Moneda, también con $1.500.000; y la abogada Catalina Ugarte, jefa de gabinete del Presidente, con $1.166.667. Otros beneficiarios incluyen a los periodistas María Paz Fadel y Sergio Turra, quienes recibieron $1.166.667 y $1.000.000, respectivamente, así como a Uziel Gómez y María Ignacia Porcile, quienes recibieron $833.333 cada uno, y Tomás Celedón, con $400.000.
La fiscalización de la Contraloría se enmarca en un contexto de creciente atención sobre la transparencia en el uso de recursos públicos, especialmente en momentos de cambio de administración.
