Un reciente estudio ha alertado sobre el futuro del sistema previsional chileno, proyectando un aumento significativo en el número de migrantes que accederán a la Pensión Garantizada Universal (PGU) en las próximas décadas.
El informe, elaborado por la consultora Qualimet y analizado por el Consejo Consultivo Previsional, estima que el número de extranjeros beneficiarios de la PGU podría multiplicarse por 35 hacia el año 2050, superando las 500 mil personas. Este incremento se debe principalmente al envejecimiento de la población migrante y al cumplimiento progresivo de los requisitos legales para acceder a la PGU, que incluyen alcanzar la edad mínima de 65 años y haber residido al menos 20 años en Chile.
El impacto fiscal de este fenómeno será considerable. Según las proyecciones, el gasto anual en PGU para la población migrante podría superar los 1.600 millones de dólares en 2050, en comparación con los cerca de 60 millones estimados para 2025. Esto representa una presión significativa sobre las finanzas públicas a largo plazo.
En cuanto a la composición de esta población, el informe indica que los ciudadanos venezolanos liderarán el crecimiento a partir de mediados de la próxima década, con una mayor presencia de mujeres. Por otro lado, las comunidades peruana y colombiana mostrarán aumentos más graduales, mientras que otros grupos mantendrán una participación más limitada en el sistema.
Para acceder a la PGU, los extranjeros deben cumplir con condiciones específicas establecidas por la normativa chilena, que incluyen tener 65 años o más, acreditar al menos 20 años de residencia en el país y no pertenecer al 10% de mayores ingresos.
Frente a este escenario, expertos advierten que el desafío no solo será financiero, sino también de planificación, ya que el sistema deberá adaptarse a una nueva realidad demográfica en constante transformación.
