El Ministro de Justicia de Chile ha solicitado la renuncia de Marisol Prado, directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), tras casi tres años en el cargo. Esta decisión se basa en una pérdida de confianza legítima, evidenciada por una revisión interna que reveló irregularidades denunciadas por un reportaje de T13.
La investigación del medio de comunicación expuso el almacenamiento inadecuado de cuerpos en salas destinadas al tránsito, así como problemas en el proceso de identificación de cadáveres. Estas situaciones irregulares fueron reportadas por los propios trabajadores del SML, quienes alertaron sobre las condiciones sanitarias del recinto.
Además, el informe de T13 destacó discordancias significativas en los informes sobre cadáveres no reclamados y NN presentados ante la comisión de presupuesto. En el informe correspondiente a 2025, se identificaron más de 60 cuerpos ingresados desde 2013 que no fueron reflejados en los informes de 2024, lo que contribuyó a la decisión de destitución de Prado.
En respuesta a las denuncias, Marisol Prado fue convocada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde atribuyó parte de la responsabilidad a la Fiscalía y al Registro Civil. Al ser cuestionada sobre las discrepancias en los informes, Prado explicó que “estos casos corresponden a 21 fallecidos ingresados al SML en su mayoría en el segundo semestre de 2024 que no fueron informados oportunamente en el informe que corresponde a ese periodo y 39 anteriores a 2024”.
La directora saliente también mencionó que los cuerpos estaban en proceso de inhumación coordinado con el Ministerio Público, pero que cambios en las condiciones y criterios llevaron a que algunos no fueran inhumados a tiempo, lo que resultó en su reincorporación al SML.
Prado aclaró que no era responsabilidad de la institución decidir sobre el destino final de los cuerpos ni realizar la búsqueda de los familiares. Además, señaló que el tiempo de permanencia de los cuerpos ha aumentado debido a la disminución de inhumaciones por parte de la fiscalía, lo que ha llevado a la necesidad de arrendar contenedores para resguardar los cuerpos fallecidos, siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
