La Contraloría Regional de Antofagasta ha expuesto un nuevo caso de irregularidades en el municipio de la capital regional, donde una abogada fue sorprendida ejerciendo su profesión de manera privada durante su jornada laboral, utilizando instalaciones municipales y patrocinando causas contra organismos del Estado, lo cual está prohibido por ley.
El informe final, emitido el 25 de noviembre de 2025, se centra en la abogada Paulina Vallejo Rojas, quien trabaja en la Dirección de Asesoría Jurídica. Según la Contraloría, Vallejo litigó en procedimientos civiles y presentó escritos judiciales desde las oficinas del municipio, utilizando su Clave Única, mientras estaba en horario de trabajo. Entre los casos que manejó se encuentran un juicio contra el Ministerio de Obras Públicas y un recurso en contra de Gendarmería.
Además, se constató que Vallejo asistió a audiencias y realizó gestiones en al menos cinco litigios particulares sin la debida autorización ni respaldo administrativo. Esta situación llevó a la Contraloría a calificar varias observaciones como Altamente Complejas, lo que resultó en la orden de recuperar remuneraciones que fueron indebidamente pagadas y la apertura de un sumario administrativo.
El informe también menciona a la exdirectora jurídica Jessica Matus Arenas, quien, según el organismo, estaba al tanto de las actividades privadas de Vallejo durante su horario laboral y, en algunos casos, autorizó dichas actividades sin un acto formal que lo justificara. La falta de control en este aspecto fue catalogada como una observación Compleja, lo que obligará al municipio a implementar nuevos mecanismos de supervisión. Cabe destacar que Matus renunció a su cargo en octubre, según informa el Diario de Antofagasta.
Además de las irregularidades individuales, la Contraloría identificó problemas sistémicos en la administración municipal, tales como conciliaciones bancarias incompletas en la cuenta de remuneraciones, la ausencia de protocolos para detectar incompatibilidades en abogados contratados, la falta de un registro contable de movimientos de una cuenta asociada a sueldos líquidos, y retrasos de hasta 35 días hábiles en trámites administrativos relacionados con la funcionaria auditada.
El municipio tiene un plazo de 60 días hábiles para corregir estos procedimientos y deberá reportar sus avances a través del sistema institucional de la Contraloría. Este incidente se suma a otros casos de irregularidades en la misma dirección municipal, donde durante la administración anterior, dos abogados utilizaron recursos públicos para litigar en beneficio del exalcalde, lo que derivó en antecedentes enviados al Ministerio Público.
