Durante la mañana de este lunes, se inició la demolición de 16 viviendas que estaban ocupadas de manera ilegal en una toma de Talagante, la cual está vinculada al Tren de Aragua. Los ocupantes de estas viviendas las utilizaban como casas de seguridad para retener a personas secuestradas e incluso como centros de tortura.
Detalles del operativo de demolición
El operativo se llevó a cabo en la ribera del río Mapocho, cerca del acceso 21 de Mayo. Las viviendas ocupadas se encontraban en un terreno que ha sido clasificado como humedal por el Ministerio del Medio Ambiente.
Un argumento adicional que respalda la orden de demolición es el riesgo de inundaciones en la zona, así como las incivilidades y delitos que se han cometido en el sector. Estos ilícitos están siendo objeto de investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.
En la toma ilegal se contabilizan más de 600 viviendas, de las cuales se ha ordenado la demolición de 16.
Declaraciones del delegado presidencial
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, enfatizó que el objetivo del operativo es reforzar la seguridad y prevenir que el crimen organizado se apodere del territorio, teniendo en cuenta investigaciones previas.
Se anticipa que este año se logre la recuperación total del campamento. Además, se implementarán medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevas tomas, así como para mejorar la infraestructura del sector. También se prevé impulsar proyectos relacionados con el medio ambiente en lugar de las construcciones ilegales.
Medidas de evacuación y colaboración interinstitucional
El delegado Durán también mencionó que en 2024 se llevará a cabo una evacuación de urgencia para “salvar la vida de personas que estaban siendo afectadas por la crecida del río”.
Asimismo, indicó que, ante los riesgos, incivilidades y delitos, se ha trabajado en colaboración con el municipio, la delegación presidencial de Talagante y el Departamento de Asentamientos Precarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).
Durán explicó que 12 de las 16 viviendas que tienen orden de demolición ya habían sido notificadas previamente. En algunos de estos inmuebles se encontraron personas durmiendo, lo que indica que podían ser ocupadas nuevamente.
“Queremos dar una señal inmediata de que no vamos a permitir ni una construcción de vivienda adicional, porque ello pone en riesgo a las personas y porque acrecienta la situación de irregularidad de esta toma”, afirmó el delegado presidencial de la Región Metropolitana.
