La parlamentaria María Luisa Cordero ha solicitado al Ministerio Público un informe detallado sobre el fallecimiento de una funcionaria de la Defensoría del Contribuyente, ocurrido el pasado 14 de enero en el edificio del Ministerio de Hacienda.
Según la información preliminar, la mujer, de 37 años, habría caído desde el piso 14 del edificio situado en Teatinos 120, en Santiago. Testigos han indicado que la víctima se lanzó desde una ventana, mientras que Labocar y la SIP están trabajando para esclarecer las circunstancias de este suceso.
Solicitud de investigación
La diputada Cordero ha destacado que este incidente es un llamado urgente a reforzar las medidas de apoyo emocional y de prevención en los espacios laborales. “Es inaceptable que nuestros funcionarios enfrenten riesgos de esta magnitud, no solo en términos físicos, sino también en su bienestar mental“, afirmó la legisladora, subrayando la importancia de garantizar condiciones laborales seguras.
En su oficio, la congresista ha solicitado que se respondan 13 puntos clave, entre los cuales se incluye la confirmación de si hubo intervención de terceros, los protocolos de seguridad vigentes en edificios gubernamentales y los mecanismos de apoyo psicológico disponibles para los funcionarios públicos.
Importancia de la salud mental
“Es fundamental que estas investigaciones no solo determinen lo ocurrido, sino que impulsen un cambio profundo en cómo las instituciones abordan la salud mental de sus trabajadores“, añadió la médico cirujano. Cordero también ha enfatizado la urgencia de sensibilizar a los equipos de trabajo sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana de señales de estrés o agotamiento en sus compañeros.
“Necesitamos un cambio cultural que priorice el bienestar de las personas. Nadie debería sentirse desamparado en su entorno laboral“, señaló.
Transparencia y condiciones laborales
Por último, Cordero ha pedido transparencia en los avances de la investigación y un plan concreto para revisar las condiciones laborales en el sector público. “Es nuestra responsabilidad como autoridades garantizar que los funcionarios públicos trabajen en un ambiente digno, seguro y humano“, concluyó la política.
