Claudio De Respinis, conocido como El Cone, se presentó ante la fiscal Celsa Ramírez y el juez de primera instancia Alejandro Villanueva en una situación que marcó un cambio en su trayectoria de más de 30 años como jefe de barra. A lo largo de su carrera, nunca había estado tras las rejas por más de 48 horas, pero esta vez, el 11 de marzo, se encontraba en una celda desde hacía cinco días, esperando la definición de su situación judicial. Mientras las pantallas de televisión mostraban los disturbios que ocurrían en las afueras del Congreso, De Respinis aguardaba su turno con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado.
El juez Villanueva, titular del juzgado 25 penal y contravencional, dictó prisión preventiva a De Respinis al avalar la acusación de la fiscalía por tentativa de homicidio, abuso de armas de fuego, tenencia ilegal de arma de uso civil y amenazas coactivas. Las penas que enfrenta superan ampliamente los tres años, lo que complica su posibilidad de excarcelación. Además, el juez decidió que los delitos de De Respinis debían ser tratados en el fuero correccional, declarando la incompetencia del juzgado de Buenos Aires para seguir actuando en el caso. La defensa, liderada por el abogado Rodrigo González, tiene la opción de apelar esta medida, lo que podría llevar el caso a los Tribunales de Talcahuano, donde se solicitaría una nueva excarcelación mientras continúa el proceso judicial.
La situación es inédita en la carrera de De Respinis, quien ha estado involucrado en múltiples incidentes de violencia a lo largo de los años, pero nunca había enfrentado una situación tan grave. En este contexto, se han planteado cuestiones sobre la actuación de la policía, que ha sido acusada de negligencia. Los damnificados en el caso fueron imputados, a pesar de que se publicaron vídeos que muestran claramente un tiroteo en el que se involucraron varios individuos. En el momento del ataque, el sobrino de De Respinis no se encontraba en la casa de Nueva Pompeya, donde ocurrió el incidente, y seis barras de una facción disidente del grupo intentaron radicar una denuncia.
Aproximadamente media hora después de que la policía dejara la escena, se recibieron llamados al 911 que confirmaban el tiroteo. Cristian Gualco, un líder de un grupo rival, intentó tomar control de la situación y se presentó para acusar a De Respinis de agresión. Este último, a su vez, se defendió argumentando que no había ningún inocente en el evento, y que los testimonios de 34 vecinos, algunos anónimos y otros identificados, corroboraban su versión de los hechos.
Los elementos de prueba complican la situación del sobrino de De Respinis, quien insiste en que salió ileso del ataque. La policía encontró casquillos de bala en la escena, lo que ha llevado a la defensa a solicitar la extracción de testimonios para investigar la actuación policial. La fiscal Celsa Ramírez destacó la importancia del trabajo conjunto con el juez para llevar adelante la investigación y poder demostrar el peligro que representa De Respinis para la sociedad.
La defensa argumenta que los testigos desmienten que De Respinis haya amenazado a sus rivales, y que, por el contrario, los supuestos atacantes viven a 15 cuadras de su hogar. Además, se menciona que los disparos se realizaron contra la vivienda defendida por De Respinis, quien sostiene que la situación se ha malinterpretado y que la verdadera víctima es él.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente violencia en el fútbol argentino, donde se han registrado varios incidentes en los últimos meses. La situación ha llevado a que se tomen medidas de seguridad más estrictas, especialmente en eventos deportivos, como el partido de la Copa Argentina que se jugará en un horario diurno, lo que ha generado preocupación entre las autoridades. La policía ha anunciado que habrá un refuerzo operativo para garantizar la seguridad en los partidos, mientras se espera que De Respinis continúe enfrentando el proceso judicial en curso.
