La Comisión de Hacienda del Senado de Chile se prepara para despachar un proyecto de ley que propone un reajuste general de remuneraciones para los trabajadores del sector público, así como la entrega de aguinaldos y otros beneficios. La sesión, presidida por la senadora Ximena Rincón, se llevará a cabo esta tarde a partir de las 15 horas, donde se abordarán diversas inquietudes sobre el financiamiento y el impacto en el presupuesto nacional.
El proyecto contempla un incremento salarial total del 3,4%, que se implementará en dos etapas: un alza retroactiva del 2,0% en diciembre de 2025 y un aumento adicional del 1,4% en junio de 2026. Además, se incluyen otras medidas como aguinaldos y bonos, en el marco de lo que se ha denominado la “ley de amarre”.
Durante la sesión matutina, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, expresó su preocupación respecto a la regulación de los empleados de planta y contrata, afirmando que la ley podría contradecir el Estatuto Administrativo. Pérez subrayó que las contrataciones temporales deben ser consideradas como tales y que la ley podría afectar la carrera funcionaria, permitiendo que personas ajenas a la administración accedan a cargos de mayor grado, perjudicando a los servidores con mayor antigüedad.
En cuanto a la proyección de gastos del proyecto, Pérez indicó que no se dispone de información detallada sobre las asignaciones sujetas a reajuste, lo que dificulta la validación de los costos asociados, incluyendo aguinaldos y bonos. “Los montos de los subsidios deben responder a la disponibilidad de presupuesto existente”, enfatizó.
Por su parte, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, advirtió que el financiamiento del reajuste para 2026 dependerá de las provisiones y capacidades de reasignación. Benavides destacó que, a diferencia de años anteriores, el Subtítulo 21 no contempla el Inflactor, lo que podría generar una brecha de financiamiento de aproximadamente 941 millones de dólares, equivalente al 0,26% del PIB.
La CFA recomendó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) identifique y explique las fuentes adicionales de financiamiento para asegurar que estén disponibles a tiempo y no comprometan el cumplimiento de las metas fiscales.
Los senadores de la Comisión expresaron su agradecimiento por las exposiciones y reiteraron sus dudas sobre el impacto de la ley en el presupuesto actual, instando a aclarar las divergencias que persisten desde la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, también se escuchó a representantes de la Asociación de Funcionarios del Hospital Padre Alberto Hurtada, quienes denunciaron errores en los cálculos de pago. Asimismo, el Centro de Incidencias Pivote criticó la ley de amarre, calificándola como un parche que va en contra del empleo público y abogando por una reforma integral en este ámbito. La Asociación Chilena de Municipalidades lamentó que la ley se haya tramitado sin consulta previa con el sector, advirtiendo que los beneficios propuestos generarán descalces en los presupuestos municipales.
