El pasado 6 de enero, el gobernador Rodrigo Díaz finalizó su mandato al frente del Gobierno Regional del Biobío, donde estuvo al mando durante cuatro años. Uno de los eventos más significativos de su gestión fue el conocido como caso convenios, en el que el Gobierno Regional se vio involucrado en diversas irregularidades, destacando casos como el de Camila Polizzi y la fundación Bonhomía. A casi dos años del escándalo, las repercusiones continúan. Apenas dos semanas antes de que concluyera su administración, la gestión de Díaz recibió los últimos informes relacionados con convenios firmados con fundaciones.
Informes de fiscalización y denuncias
Los informes en cuestión abarcan tres proyectos firmados con dos organizaciones: la Corporación Artistas del Acero y la Fundación Artesanías de Chile. Estos convenios fueron objeto de fiscalización por parte de la Contraloría, tras una denuncia presentada por el ingeniero comercial Jorge Condeza. Según Condeza, “cada vez que la Contraloría revisa en detalle algunos de los convenios firmados por este Gobierno Regional nos encontramos con una infinidad de irregularidades que realmente son preocupantes”.
La investigación de la Contraloría se centró en el monitoreo de los programas desarrollados entre junio de 2021 y junio de 2024, así como en las rendiciones correspondientes. Durante este proceso, se identificaron serias deficiencias en la fiscalización de los convenios por parte del Gobierno Regional, que aportó más de $1.490 millones para los proyectos de ambas agrupaciones.
Atrasos y falencias en los convenios
Entre las irregularidades detectadas, se encontraron importantes retrasos en los Acuerdos Operativos, que son documentos que establecen el inicio de las actividades programadas y los hitos a cumplir durante la ejecución de los proyectos. En algunos casos, estos acuerdos fueron firmados hasta 90 días después de que se habían transferido los fondos. Además, se registraron demoras en la aprobación y contabilización de las rendiciones, así como la falta de revisión técnica y financiera de las mismas. Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Proyectos específicos bajo la lupa
Uno de los proyectos que fue objeto de la fiscalización de la Contraloría es el denominado “Capacitación y apoyo artesanía tradicional” llevado a cabo por la Fundación Artesanías de Chile. Este proyecto tenía como objetivo “apoyar a los artesanos para la preservación de la artesanía tradicional (…) a través de capacitación, acceso a canales de comercialización y difusión de la artesanía tradicional”. El costo del proyecto fue de $180 millones, que fueron transferidos en una sola cuota sin exigir una boleta de garantía. El informe de la Contraloría señala que “el GORE debió adoptar medidas que garantizaran el buen uso de los recursos traspasados (…) la situación descrita denota una inobservancia en el ejercicio de las funciones y en el resguardo del interés público”.
A pesar de que los fondos fueron transferidos en octubre de 2021, la ejecución del proyecto no comenzó hasta marzo de 2022. La Fundación reportó capacitaciones a aproximadamente 207 personas, cuando el proyecto contemplaba un total de 307. La administración de Díaz indicó que si se verificaba que la meta no fue alcanzada, se procederá a rechazar los gastos asociados y solicitar el reintegro de los fondos. El convenio se extendió hasta diciembre de 2023, pero hasta el 30 de junio de 2024, solo se habían aprobado rendiciones por un total de $55.963.838, además de detectar gastos no acreditados por $31.691.771.
Irregularidades en la Corporación Artistas del Acero
La Corporación Cultural Artistas del Acero ejecutó dos proyectos con recursos del Gobierno Regional. El primero se enfocó en la “Capacitación y Difusión de las Orquestas Juveniles e Infantiles de la Región del Biobío“, y el segundo, titulado “Crear Para No Olvidar“, conmemoraba los 50 años del Golpe de Estado. Para estos convenios, el Gobierno Regional transfirió un total de $1.311.005.121. Sin embargo, al igual que en el proyecto de artesanos, los acuerdos operativos fueron firmados semanas después, en este caso, con un retraso que superó los 47 días.
La Contraloría también identificó problemas en la rendición de gastos, con atrasos de hasta 190 días hábiles desde la fecha límite para la aprobación de las rendiciones. Se detectaron $324.517.961 en gastos insuficientemente acreditados, incluyendo servicios audiovisuales prestados por la empresa Küyen Medialab SpA, que fue creada un día después de la aprobación del último convenio. Además, se observó un posible conflicto de interés en la contratación de Guillermina Weber Álvarez, quien fue contratada para el programa “Crear Para No Olvidar” y es hermana del gerente de la Corporación.
Acciones de la nueva administración
La actual administración regional, liderada por el gobernador Sergio Giacaman (UDI), ha indicado que se ha solicitado a todos los jefes de división que presenten un diagnóstico completo en un plazo máximo de 10 días. A partir de este informe, se tomarán las decisiones pertinentes. Desde el Gobierno Regional se ha afirmado que se revisarán todos los convenios de manera exhaustiva, solicitando a la Contraloría que revise cada trato directo y complementando esta revisión con auditorías externas.
