El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha determinado que el reajuste al sector público en Chile requerirá un financiamiento adicional de 822 millones de dólares, que deberá ser cubierto a través de reasignaciones y un mayor uso de provisiones. Esta conclusión fue presentada ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados por la presidenta del CFA, Paula Benavides.
Benavides advirtió que las presiones sobre el gasto que no estén contempladas en la Ley de Presupuestos podrían poner en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales. En octubre, el CFA ya había señalado al Congreso que el proyecto de Presupuestos del sector público no incluía un ajuste por inflación en el gasto en personal, lo que podría generar complicaciones si se adoptan medidas adicionales fuera de los límites del presupuesto aprobado. “Se generaría presión sobre el resto del presupuesto”, afirmó Benavides en un comunicado del CFA.
El financiamiento del reajuste para 2026 dependerá principalmente de las provisiones y las capacidades de reasignación, según indicó Benavides. El costo del reajuste reduce las holguras en las provisiones al 0,07% del PIB, una cifra inferior a la registrada en 2014 (0,27%) y 2018 (0,25%). Además, se prevé que un artículo que establece que por cada tres funcionarios que se retiren, solo se podrá contratar a uno, generará un ahorro de 119 millones de dólares, según la Dirección de Presupuestos (Dipres). También se estima que de la asignación 275 se destinarán 11 millones de dólares para financiar incentivos al retiro en el Poder Judicial y para cubrir la cotización del empleador en el sistema de Atención Primaria de Salud (APS) y subvenciones.
Benavides destacó que se observan presiones de financiamiento por 822 millones de dólares (0,22% del PIB), descontando los 616 millones de dólares ya provisionados y los 230 millones de dólares de las mitigaciones mencionadas. En relación a la asignación 275, la presidenta del CFA subrayó que los recursos deben destinarse a cubrir gastos aleatorios comprometidos en leyes permanentes, lo que limita su disponibilidad para otros usos.
Respecto a los 345 millones de dólares de margen remanente por la asignación 104, Benavides señaló que estos deben garantizar la disponibilidad para financiar emergencias y contingencias. “El proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”, concluyó.
