La negociación sobre el reajuste salarial en el sector público chileno se anticipa como un debate intenso, con la Mesa del Sector Público (MSP) preparando sus propuestas para el Gobierno. La discusión formal aún no ha comenzado, pero los líderes de los 16 gremios que componen la MSP ya han comenzado a delinear sus posturas, especialmente en el contexto del periodo electoral que se aproxima. Desde principios de octubre, la controversia se ha centrado en la propuesta del Presidente Gabriel Boric de mantener los salarios de los trabajadores públicos en “valores nominales 2025”. Esta propuesta fue aclarada posteriormente por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Uno de los líderes de la MSP ha indicado que se espera solicitar un aumento salarial cercano al 7% para los empleados del Estado. Este porcentaje se desglosa en un 3,7% correspondiente a la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, un 2,5% que podría reflejar el crecimiento de la actividad económica durante el año, y un porcentaje adicional que aún no ha sido revelado, destinado a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, expresó en una entrevista con Radio UChile que “lo que estamos pidiendo es recuperar ese poder adquisitivo. El costo de vida es distinto al del año pasado; por lo tanto, es un piso base recuperar este IPC acumulado más el crecimiento del país”. En relación a la propuesta de “valores nominales 2025”, Pérez Debelli comentó que “no nos parece cuando hay señales que confunden: ‘hay que congelar los salarios’. Creemos que ningún trabajador está pensando en que vamos a congelar los salarios, porque eso es contra de nuestra naturaleza”.
En la actualidad, la MSP se encuentra en el proceso de afinar su pliego de propuestas, que será presentado al Gobierno para iniciar las negociaciones. Se espera que el resultado de estas negociaciones sea efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, la experiencia previa sugiere que el proceso de tramitación puede extenderse más allá de lo inicialmente previsto. En 2024, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo el 6 de diciembre, pero la ley correspondiente fue despachada por el Congreso Nacional solo el 18 de diciembre de ese mismo año.
