La jueza Irene Rodríguez ha sido objeto de controversia tras permitir la fuga de un imputado por homicidio, al firmar una orden de libertad sin leer su contenido. El incidente ocurrió en julio de 2022, cuando Rodríguez estuvo a cargo de la audiencia que dejó en prisión preventiva a Carlos Alberto Mejía, acusado del homicidio de José Reyes, conocido como el Rey de Meiggs. Sin embargo, un error en la documentación permitió que Mejía recuperara su libertad poco después.
El 21 de julio y el 11 de agosto del año pasado, Rodríguez declaró ante la Fiscalía, reconociendo que firmó el documento que liberó al imputado. Según reporta Mega Investiga, la jueza admitió que no revisó adecuadamente el contenido del oficio que tenía frente a ella, afirmando que “el error fue haber pinchado el mail para el alcaide del oficio que nunca debió salir porque era un oficio instrumental”.
Mario Cabrera, administrador del tribunal, corroboró que Rodríguez reconoció a través de WhatsApp que “se equivocó y no leyó” el documento. La Corte de Santiago determinó que la magistrada incurrió en una “infracción a sus deberes funcionales” al suscribir la orden de libertad sin haber revisado los antecedentes pertinentes, lo que contraviene el artículo 544 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales.
En su declaración, Rodríguez asumió la responsabilidad de su error, indicando que “lo firmó sin mirar” y que es “muy posible” que no se fijara en el contenido del documento. Este caso ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la actuación de la jueza y la gestión de los procesos judiciales en el país, especialmente en casos de alta relevancia como el homicidio del Rey de Meiggs.
La situación ha generado un debate sobre la necesidad de mejorar los procedimientos judiciales y la formación de los magistrados para evitar que errores de este tipo se repitan en el futuro.
