Una controversia ha surgido en el ámbito político chileno tras la revelación de dos casos de desvinculación de funcionarias públicas en situaciones de salud delicadas. La discusión se intensificó entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi, en relación con el despido de Eleonora Espinoza, exjefa de la División de Estudios y Políticas Públicas de la Subdere, quien dejó su cargo el 11 de marzo de 2022, el mismo día en que se produjo un cambio de gobierno.
Espinoza, quien se encontraba en recuperación de una cirugía de reconstrucción mamaria debido a un cáncer de mama, denunció que su renuncia fue forzada y que no recibió el apoyo necesario en un momento crítico de su vida. En una entrevista con T13, Espinoza expresó: “Me había operado recién de una reconstrucción mamaria y solicité al jefe de división entrante si podía considerar quedarme por un par de meses más para que me pudiera aplicar el seguro médico. Se lo pedí personalmente y no… me sacaron ese mismo día”.
El caso ha cobrado relevancia tras el despido de Priscilla Carrasco, exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), quien también fue desvinculada en medio de su tratamiento por cáncer. La situación de Carrasco ha generado un amplio debate sobre las políticas de desvinculación en el sector público, lo que llevó a Espinoza a cuestionar la falta de apoyo que recibió en su momento. “Está pasando que salieron todos a defender a la exdirectora del Sernameg, efectivamente salieron a defenderla hoy día, pero cuando yo estuve en la misma situación, era una jefa de división, estaba pasando por lo mismo y ahí ninguna persona levantó la voz. Ninguna mujer, ninguna ministra”, afirmó.
Desbordes, quien conoció el caso de Espinoza en su momento, aseguró que intentó intervenir para evitar su despido. En declaraciones, comentó que contactó a Crispi y a Giorgio Jackson, quien iba a ser ministro, y que Crispi fue el más receptivo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Espinoza fue desvinculada el mismo día de su operación. Desbordes criticó la falta de consideración del nuevo gobierno hacia casos como el de Espinoza, señalando que existe un “doble estándar” en el trato a los funcionarios públicos.
Por su parte, Crispi defendió su gestión y aclaró que la renuncia de Espinoza fue aceptada el 28 de febrero de 2022, antes de que él asumiera su cargo. En una declaración pública, Crispi afirmó: “Solo recibí información informal el día 18 de marzo, por parte del entonces diputado Desbordes, quien a la vez me señaló que la exjefa de división ya se encontraba con su asunto resuelto”. Crispi también respondió a las acusaciones de Desbordes, indicando que la renuncia fue una decisión tomada por el gobierno anterior.
La controversia ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del gobierno y ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como enfermedades graves. La discusión continúa mientras se espera una respuesta más formal de las autoridades involucradas.
