El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta ha dictado una sentencia condenatoria de siete años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial provincial, por su implicación en una operación de transporte de 23 kilos de marihuana con destino a la ciudad de Rosario de la Frontera. Aponte, quien se desempeñaba en el fuero penal de Salta, fue hallado culpable como coautor del delito de tráfico de estupefacientes, agravado por la cantidad de intervinientes en la operación. La sentencia fue emitida el jueves por los jueces Marta Snopek, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, e incluye la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que era propiedad de la empresa en la que Aponte era socio. Este vehículo fue utilizado para ocultar y trasladar la droga.
Durante el juicio, se determinó que Aponte no solo facilitó el uso del vehículo para el traslado de la droga, sino que también controló el viaje, comunicándose para indicar los pasos a seguir en el trayecto. Tras la detención del transportista, Ángel Guido Luna, Aponte financió su defensa y buscó asegurar que el detenido declarara de manera favorable. La operación fue descubierta por un control de la Gendarmería Nacional el 21 de diciembre de 2024, en la ruta 5, a la altura de Joaquín V. González. Durante la inspección del vehículo conducido por Luna, los gendarmes detectaron anomalías en los paneles laterales, encontrando 24 paquetes con un peso total que podría producir aproximadamente 438.300 dosis de marihuana. Las autoridades señalaron que esta cantidad equivale a casi 13 dosis por habitante de la Frontera, donde la carga estaba destinada.
La fiscal interviniente, Paula Gallo, subrogante del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Salta, argumentó que la organización implicaba una clara división de roles en un plan común para transportar droga desde el norte hasta el límite con Tucumán. Durante su alegato, Gallo destacó que Aponte tuvo un “rol superior, con absoluto dominio de la maniobra, incluso como inversor”. La investigación reveló que Aponte había viajado para retirar la droga y, tras la incautación, se dedicó a monitorear la situación, cambiando su línea telefónica e interviniendo legalmente.
En el marco del juicio, el tribunal coincidió con la fiscalía al rechazar los argumentos defensivos que sostenían que Aponte tenía un papel periférico en la operación. Finalmente, se dejó constancia del daño potencial que el cargamento podría causar a la población afectada por el consumo de drogas. Las evidencias presentadas por el Ministerio Público incluyeron documentación que acreditaba que Aponte figuraba como titular de una S.R.L. dedicada a la administración, y que parte de la operación estaba gestionada por uno de sus familiares. Se puntualizó que la firma tenía un papel activo en la disposición del viaje.
El análisis de la fiscalía detalló que el viaje de ida partió de la Frontera el 19 de diciembre, con destino a Orán, y que llegaron al día siguiente. Según la cronología establecida, retiraron la sustancia y regresaron sin la presencia de Peralta. Además, el cruce de llamadas expuso el nivel de monitoreo que Aponte realizó sobre los desplazamientos de la camioneta. La comunicación entre Aponte y Luna se intensificó a medida que se acercaban al final del viaje, y la detención interrumpió todo contacto. En los minutos posteriores a la detención, Aponte mantuvo varios llamados para conocer la situación de Luna y contactó a un abogado local para que lo representara en las diligencias judiciales. Aponte argumentó que la cesión de la camioneta tenía como finalidad exhibirla a un comprador en Metán. Sin embargo, las conversaciones recuperadas mostraron que Aponte interactuaba con una persona que le detallaba hospedajes y traslados muy distantes, lo que le permitió formular reparos y reclamos. Además, se advirtió que nunca realizó ningún trámite formal para la restitución del vehículo. La acusación fue ratificada por el análisis probatorio expuesto por las defensas de los acusados, quienes presentaron objeciones. El juez federal Rabbi Baldi Cabanillas prorrogó la prisión preventiva de los tres imputados.
