La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un fallo que podría transformar el panorama jurídico en Chile, al ordenar la revisión de penas impuestas a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1973 a 1990. Este pronunciamiento, que ha sido respaldado por la Corte Suprema de Chile, plantea serias interrogantes sobre la estabilidad del ordenamiento jurídico nacional.
En el caso conocido como Vega González y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana determinó que la aplicación de la figura de la “media prescripción” en los juicios por crímenes de lesa humanidad es incompatible con el derecho internacional, dado que estos delitos son imprescriptibles. La Corte exigió al Estado chileno que revise o anule las reducciones de penas que se hayan derivado de esta aplicación, lo que podría afectar a varios condenados por violaciones a los derechos humanos.
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, en su fallo Rol N.º 24.317-2025, se alineó con la decisión de la Corte Interamericana y ordenó la revisión de las sentencias mencionadas, incluso sugiriendo el aumento de algunas penas. En su resolución, la Corte Suprema abordó el argumento de la “cosa juzgada nacional”, que sostiene que las sentencias firmes no pueden ser revisadas a menos que se demuestre un fraude en el proceso. Sin embargo, la Corte Interamericana ha establecido que el efecto de cosa juzgada puede ser cuestionado si no se respetaron las garantías del debido proceso.
Este desarrollo legal ha suscitado preocupaciones sobre la previsibilidad y la seguridad jurídica en Chile. Los expertos advierten que la posibilidad de reabrir casos cerrados podría desmantelar principios fundamentales del derecho, como el “nullum crimen nulla poena sine lege praevia” (no hay delito ni pena sin ley previa) y el “non bis in idem” (no se juzga dos veces por lo mismo). Estas garantías son esenciales para el debido proceso y la confianza en el sistema judicial.
El fallo ha sido interpretado como un riesgo para la libertad individual frente al poder del Estado y de organismos supranacionales, lo que podría llevar a decisiones judiciales arbitrarias basadas en criterios vagos y cambiantes. La situación plantea un desafío significativo para el sistema judicial chileno, que podría enfrentar una crisis de confianza por parte de la ciudadanía.
Los académicos y juristas han señalado que este caso no solo es un asunto técnico-jurídico, sino que también tiene profundas implicaciones sobre la soberanía nacional y la integridad de las instituciones jurídicas. La Corte Interamericana y la Corte Suprema de Chile han abierto un debate sobre el equilibrio entre la justicia por crímenes de lesa humanidad y la estabilidad del ordenamiento jurídico nacional, lo que podría tener consecuencias duraderas en la jurisprudencia chilena.
