El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las críticas de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público para 2026, conocido como la “Ley de Amarre”.
Durante una entrevista en Radio Universo, Vodanovic expresó su preocupación por el punto 14 del protocolo de reajuste del sector público, que regula la salida de funcionarios a contrata, y que ha suscitado controversia en diversos sectores. La senadora indicó: “Por lo menos, ayer yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo. Entonces, la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido. No está la norma redactada, no la hemos visto. Por lo tanto, aquí hay un protocolo que tampoco nos han mandado”.
En respuesta a estas declaraciones, Elizalde defendió la postura del Gobierno durante la vocería de este lunes, donde reemplazó a la portavoz Camila Vallejo. El ministro afirmó que el Gobierno ha promovido el diálogo con las asociaciones de funcionarios, lo que considera fundamental en su gestión. “El Gobierno siempre promovió el diálogo con las asociaciones de funcionarios, eso forma parte de nuestra conducta y en todas las áreas hemos promovido el también diálogo tripartito. Cuando se ha propuesto determinada reforma, se ha dialogado con representantes de los trabajadores y también con representantes de los empleadores, de los empresarios”, explicó.
Elizalde recordó que, al igual que en años anteriores, se alcanzó un acuerdo y subrayó que el protocolo en cuestión fue hecho público, lo que ha permitido que los medios de comunicación informen sobre su contenido. “Tal como en los años anteriores, se promovió un acuerdo, y solo quiero recordar que ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido, tanto así que se ha armado esta controversia. Así que es un protocolo que es público”, concluyó.
Este intercambio de declaraciones resalta la tensión existente entre el Gobierno y algunos sectores de la oposición respecto a la gestión de los acuerdos laborales y la transparencia en la comunicación de los mismos.
