En las dos semanas posteriores al ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, cerca de 70 colegios en Chile han suspendido clases debido a diversas amenazas recibidas.
Según datos del Ministerio de Educación (Mineduc), hasta el pasado jueves, 58 colegios de 14 regiones del país habían tomado la decisión de suspender actividades académicas. Este número se incrementó a 66 establecimientos tras sumar ocho suspensiones adicionales ocurridas el viernes. La situación ha generado una creciente preocupación entre padres y estudiantes, quienes enfrentan un clima de incertidumbre respecto a la seguridad en los colegios.
Alejandra Cabrera, representante de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), comentó sobre el difícil panorama que enfrentan las escuelas. “Hoy en día lo difícil es saber si estos rayados que están apareciendo en los establecimientos son solamente imitaciones o situaciones verídicas, a las cuales tú tienes que activar rápidamente un protocolo”, explicó Cabrera, refiriéndose a la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas.
La incertidumbre ha afectado a la comunidad educativa, con padres preocupados por enviar a sus hijos a las escuelas. Cabrera también se refirió a las propuestas del Gobierno, como el uso de detectores de metales en los colegios, una medida que, aunque polémica, se considera necesaria en el contexto actual. “Esto estigmatiza un poco, pero se debe evaluar la situación de cada escuela”, afirmó, destacando la importancia de la participación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones.
Además, Cabrera mencionó que las rondas policiales son insuficientes, ya que Carabineros a menudo se ven superados por la situación. A pesar de la implementación de medidas como los detectores de metales, la representante enfatizó que es crucial abordar la salud mental de los estudiantes y profesores, señalando que “lo más importante es atacar la salud mental de los chiquillos”.
En respuesta a esta crisis, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció un plan del Gobierno para enfrentar la violencia escolar, que incluye modificaciones legales y medidas concretas en los colegios. Steinert explicó que se están preparando proyectos de ley para agravar las penas por delitos relacionados con la seguridad escolar y que se han programado rondas más constantes de Carabineros alrededor de los colegios más expuestos, aunque no se revelaron detalles específicos por razones de seguridad.
La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de un enfoque integral que no solo contemple medidas de seguridad física, sino también el bienestar emocional de los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto.
