Un cambio significativo ha ocurrido en el proyecto de ley sobre conmutación de penas en Chile, impulsado por senadores de Chile Vamos, tras la pérdida de apoyo político por parte de dirigentes de los partidos Republicano, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). A pesar de que la iniciativa fue aprobada en general en el Senado, su futuro legislativo se ha vuelto incierto.
El proyecto tiene como objetivo permitir el cumplimiento alternativo de penas para ciertos condenados, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de edad avanzada, enfermedad grave o discapacidad. Sin embargo, su redacción ha suscitado controversia, ya que podría beneficiar no solo a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, sino también a internos sentenciados por delitos graves.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, expresó que la iniciativa no está entre las prioridades del partido y que aún necesita un trabajo legislativo considerable. “El articulado presenta deficiencias y no corresponde ponerle urgencia mientras no se corrijan los problemas detectados”, afirmó Squella.
Por su parte, Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, coincidió en que el proyecto requiere modificaciones. Aseguró que el texto aprobado solo representa la idea de legislar y que la norma debe ser más restrictiva para evitar injusticias o afectaciones a las víctimas.
Desde Renovación Nacional también han manifestado sus reservas respecto al contenido de la iniciativa, anunciando que presentarán indicaciones para introducir cambios sustantivos. El objetivo es compatibilizar los criterios humanitarios con mayores resguardos en materia penal.
Debido a estas diferencias internas, se ha generado la percepción en el sector de que el proyecto no será tramitado con rapidez, y su discusión podría extenderse por varios meses mientras se buscan modificaciones que limiten su alcance y eviten nuevos costos políticos para la derecha.
