Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior de Chile, desmintió las afirmaciones del presidente Gabriel Boric sobre el polémico cable submarino chino.
En declaraciones realizadas tras una reunión en La Moneda con el senador Alvaro Elizalde, Alvarado expresó su preocupación por las afirmaciones de Boric, quien había indicado que había discutido con José Antonio Kast las implicancias del cable antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a tres funcionarios del gobierno chileno. Alvarado aclaró que “el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”. Además, reiteró que “en las conversaciones que se sostuvieron no se le manifestó este tipo de situación”.
El futuro ministro también se refirió a su encuentro con Elizalde, donde se abordaron temas relacionados con las áreas de Migraciones y la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia. Alvarado destacó que la reunión fue productiva y que se le proporcionó información relevante para asegurar la continuidad operativa del gobierno entrante, evitando que las políticas públicas se vean afectadas por el traspaso de mando.
En un contexto más amplio, el presidente electo José Antonio Kast abandonó de manera abrupta la reunión con Boric y anunció la suspensión de las reuniones de coordinación para el traspaso de mando, lo que ha generado inquietud sobre el clima político en el país. Este episodio se suma a un ambiente tenso en el que se han planteado interrogantes sobre la transparencia y la comunicación entre los equipos de gobierno saliente y entrante.
Por otro lado, Chile se enfrenta a desafíos ambientales significativos, como lo evidencian los efectos del fenómeno de El Niño, que ha sido uno de los más intensos registrados y ha contribuido a los récords de temperatura mundial. En respuesta a estos desafíos, el país cuenta con un marco regulatorio robusto, gracias a la Ley de Eficiencia Energética y al Plan Nacional que busca reducir la intensidad energética y el uso ineficiente de recursos hacia 2030. Además, se han establecido objetivos ambiciosos, como alcanzar 1.000 puntos de entrega y retiro para 2026, con una inversión de US$6 millones en mejoras.
Los establecimientos tienen hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos y adaptarlos a la nueva normativa, lo que refleja un esfuerzo por parte del gobierno para cumplir con los estándares ambientales y energéticos establecidos.
