La Contraloría General de la República aprobó el nuevo Reglamento de Servicios de Gas, publicado por el Ministerio de Energía, que moderniza la normativa del sector.
El pasado 20 de octubre de 2023, la Contraloría General de la República tomó razón del Reglamento de Servicios de Gas, el cual fue publicado en el Diario Oficial mediante el Decreto Supremo N°79 de 2020. Este reglamento reemplaza y mejora el marco normativo vigente para la distribución de gas de red y gas licuado a granel, derogando el anterior Decreto Supremo N°67 de 2004 del Ministerio de Economía.
La actualización normativa se inició en la Comisión Nacional de Energía (CNE) a mediados de 2017, bajo la dirección del Departamento Hidrocarburos, con el apoyo del Departamento Jurídico. A lo largo del proceso, se integraron también los equipos técnicos y jurídicos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y del Ministerio de Energía, lo que permitió un enfoque colaborativo en la elaboración del nuevo reglamento.
Entre las principales novedades que introduce el DS N°79 se encuentra la regulación integral del servicio de gas de red y la distribución de gas licuado a granel, que se comercializa en fase líquida o gaseosa sin el uso de medidores. Además, se establecen reglas para las compensaciones a consumidores, el derecho de los clientes residenciales a cambiar de proveedor, y se perfeccionan los factores de corrección utilizados en la facturación. También se regula el consumo bajo la modalidad de prepago y se mejoran los contenidos de boletas y facturas.
El reglamento define indicadores de gestión para la atención comercial y de emergencias, así como estándares de comunicación entre las empresas distribuidoras y los consumidores, lo que busca fortalecer los derechos de los usuarios y modernizar las obligaciones de las empresas del sector.
La CNE ha señalado que con la entrada en vigencia de este reglamento se concluye una etapa de elaboración normativa y se inicia un nuevo ciclo, centrado en la implementación efectiva de esta regulación por parte de las empresas distribuidoras y las instituciones del Estado competentes.
