Fiscal Mario Carrera avanza en la investigación sobre Manuel Guerra, implicado en corrupción y cohecho en casos de alta connotación. Detalles aquí.
A principios de esta semana, el fiscal jefe de Arica y Parinacota, Mario Carrera, llegó a Santiago para proseguir con las diligencias de la investigación que le fue encomendada por Ángel Valencia, en relación a la arista del caso Hermosilla. Este caso ha implicado al exfiscal Oriente, Manuel Guerra, y se centra en la indagación de posibles delitos de corrupción y cohecho en causas de gran relevancia que Guerra había dirigido anteriormente.
Inicialmente, se estaban revisando tres causas en las que las decisiones del exfiscal Manuel Guerra están bajo escrutinio: el caso Penta, el caso Dominga-Exalmar y la investigación contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza. Sin embargo, tras las primeras diligencias, se ha añadido una cuarta causa a la indagatoria: el caso Cascadas.
En una entrevista concedida a CNN, el fiscal Mario Carrera explicó que el caso que involucra a Ponce Lerou y Aldo Motta se ha incorporado a su investigación, dado que fue Guerra quien asumió la denuncia presentada por el juez Cristián Soto contra su colega Laura Assef, quien supuestamente mantenía contactos inapropiados con la defensa de Motta. Carrera detalló que la investigación se centra en determinar cómo Guerra cerró esa indagación y si mantuvo comunicaciones con algunos de los involucrados.
Los delitos que podrían configurarse en contra de Guerra, en las causas que el fiscal Carrera tiene en su carpeta, incluyen cohecho, revelación de secreto y otros delitos de carácter funcional. Durante su estancia en Santiago, el fiscal Carrera tomó declaración a la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien fue querellante en el caso Penta.
Fuentes cercanas a la declaración de Horvitz indican que la jurista proporcionó información sobre las maniobras que Guerra habría utilizado para excluir a los querellantes, incluido el CDE, de la reformalización contra los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, así como el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. En junio de 2018, Guerra decidió eliminar el delito de soborno en contra de Delano y Lavín, y recalificó el cohecho como enriquecimiento ilícito en el caso de Wagner, quien recibió un pago de 42 millones de pesos por parte del holding mientras ocupaba un cargo en el gobierno, según se pudo establecer en la investigación.
Esta decisión permitió reducir las penas para los tres imputados y limitó las acciones de los querellantes, ya que solo se mantuvieron los delitos tributarios, en los cuales solo el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede actuar como querellante. Horvitz declaró: “Todo lo que realizó fue en contra de la parte querellante, la cual supuestamente íbamos por la misma cuerda. Yo creo que él no quería que estuviéramos alertados de lo que él iba a hacer en la audiencia”.
En su testimonio ante Carrera, Horvitz mencionó que el 2 de julio de 2018, un día antes de la audiencia de reformalización, Guerra envió un correo a los querellantes del caso, adjuntando un proyecto de formalización que mantenía los delitos originales (cohecho y soborno) de la primera formalización. Sin embargo, se descubrió que este documento no coincidía con lo que realmente se presentó en la audiencia, lo que evidenció que su intención era evitar que los querellantes pudieran intervenir.
En cuanto a los próximos pasos en la investigación, se prevé que los primeros en ser citados a declarar sean aquellos que fueron querellantes en los casos donde Guerra habría pactado salidas alternativas o realizado intervenciones inapropiadas, así como los fiscales que intervinieron en cada uno de esos casos. Posteriormente, se tomará declaración a quienes figuraron como imputados en esas causas, y no se descarta que se cite al senador Iván Moreira y a los controladores de Penta.
Mega Investiga ha confirmado que la defensa de Guerra ha indicado que el exfiscal ha entregado su celular de manera voluntaria y que aún no ha sido citado a declarar. Sin embargo, el fiscal Carrera ha señalado que Guerra está dispuesto a colaborar con la investigación. En este contexto, Guerra ha consentido la apertura de sus cuentas corrientes, ya que una de las líneas de investigación se centra en el aumento de su patrimonio personal tras su salida del Ministerio Público en julio de 2021. Un año después, Manuel Guerra adquirió un departamento en las costas de Maitencillo por 7.900 UF, lo que equivale a más de 262 millones de pesos al valor de la época, así como un vehículo BMW con un valor comercial cercano a los 80 millones de pesos.
