La Rights Alliance intensifica su lucha contra la piratería, buscando responsabilizar a usuarios de IPTV y advirtiendo sobre el crimen organizado.
La Agencia Sueca Anti Piratería, establecida hace más de 25 años, ha mantenido un compromiso constante en la lucha contra el acceso ilegal a contenido protegido por derechos de autor. Su fundación, sin embargo, propició la creación de la Agencia de la Piratería, un colectivo de activistas que eventualmente dio origen a The Pirate Bay, una de las plataformas de intercambio de archivos más conocidas a nivel mundial.
Recientemente, la organización Rights Alliance ha lanzado una nueva campaña enfocada en los servicios de IPTV, que son conocidos por ofrecer versiones en línea de canales de pago, abarcando una amplia gama de contenidos que incluyen películas, eventos deportivos y otros materiales que normalmente requieren un pago. Estos servicios suelen ser accesibles a través de aplicaciones que exigen un pago único por su uso.
La semana pasada, un individuo de la ciudad de Malmö fue detenido y se encuentra en proceso judicial por operar uno de estos servicios. Este hombre gestionaba un sitio web, una aplicación de IPTV y un canal de Telegram, donde proporcionaba asistencia técnica a sus usuarios a cambio de una compensación económica, la cual era recibida en criptomonedas.
A pesar de los esfuerzos por desmantelar estas redes de piratería, el fenómeno se asemeja al mito de la hidra, donde la eliminación de un elemento provoca la aparición de otros nuevos. En este contexto, Rights Alliance está explorando una estrategia alternativa que consiste en dirigir sus acciones hacia los usuarios de estos servicios. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Gunnar Strommer, la organización argumentó que el gobierno debería no solo perseguir a quienes obtienen beneficios de manera ilícita, sino también a aquellos que financian estas actividades. En la misiva se afirmaba: “Cualquiera que descarga películas de manera ilegal contribuye al crimen organizado”.
El ministro de Justicia de Suecia respondió a esta carta, aunque no se comprometió explícitamente a iniciar acciones contra los usuarios. No obstante, dejó abierta la posibilidad de considerar esta nueva táctica. Strommer destacó que el gobierno es consciente de las repercusiones que la piratería tiene en la sociedad en su conjunto y mencionó que una actualización legislativa realizada en 2020 podría facilitar un aumento en el número de procesos legales relacionados con este tema. En particular, se sugirió que el trabajo de las autoridades fiscales del país podría ser un recurso valioso para disminuir tanto la cantidad de proveedores como de consumidores de contenido pirata en Suecia.
