Más de 9.000 expulsiones de inmigrantes se han realizado en Chile desde 2018, principalmente por delitos relacionados con la ley antidrogas y robos.
En los últimos tres años, se han llevado a cabo más de una decena de vuelos chárter con el objetivo de realizar expulsiones de inmigrantes. En cada uno de estos vuelos, se han incluido personas implicadas en delitos que abarcan desde el secuestro hasta la corrupción de menores. Recientemente, el Gobierno anunció un nuevo proceso de expulsiones, reportando la salida de 44 ciudadanos de Ecuador, Bolivia y Colombia, quienes habían sido condenados por diversos delitos. En esta ocasión, no se incluyeron ciudadanos venezolanos en la lista, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas.
El listado de inmigrantes expulsados es extenso y abarca diversas nacionalidades, siendo predominantemente colombianos y venezolanos. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Servicio Nacional de Migraciones, desde el año 2018 hasta el 1 de julio de 2024, se han concretado un total de 9.258 expulsiones, tanto administrativas como judiciales.
Mega Investiga solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) información sobre las expulsiones realizadas y los delitos asociados a estas durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, específicamente entre el 12 de marzo de 2022 y el 14 de mayo de 2024. Los datos revelan que la principal causa de expulsión de inmigrantes está relacionada con delitos bajo la Ley 20.000, conocida como la ley antidrogas, que representa el 47% de las expulsiones. Otros delitos que siguen en frecuencia son los robos, ya sea con violencia, intimidación u otros métodos, así como las infracciones por ingreso clandestino.
Las cifras de expulsiones por delitos son las siguientes:
– Infracción a la Ley 20.000: 1.033 expulsiones
– Robos (intimidación, violencia, fuerza, sorpresa): 525 expulsiones
– Ingreso clandestino: 254 expulsiones
– Robos (en lugar habitado, no habitado, bienes de uso público, vehículo): 48 expulsiones
– Ingreso por paso no habilitado: 43 expulsiones
– Porte ilegal de arma: 41 expulsiones
– Antecedentes negativos: 31 expulsiones
– Receptación de vehículo motorizado: 30 expulsiones
– Homicidio (simple o frustrado): 22 expulsiones
– Abuso sexual: 17 expulsiones
Según la información proporcionada por la PDI, el 83% de los delitos relacionados con las expulsiones se agrupan en las categorías mencionadas anteriormente. Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, explicó que la alta incidencia de expulsiones por infracciones a la ley antidrogas se debe a que “están asociadas al crimen organizado o a redes de tráfico de personas, donde se utiliza la facilidad del cruce ilegal para transportar drogas, y al alto consumo de estupefacientes en nuestro país”.
En cuanto a las nacionalidades de los inmigrantes expulsados, los datos indican que los bolivianos lideran las cifras con 724 expulsiones, seguidos por los colombianos con 571 y los venezolanos con 554. En el caso de los bolivianos, la mayoría de las expulsiones se relacionan con infracciones a la Ley 20.000, alcanzando un total de 649 expulsiones por este tipo de delitos. Bellolio también mencionó que esta situación se puede atribuir a factores históricos, como la extensa frontera y la facilidad de ingreso al país, así como la participación del narcotráfico en Bolivia y las bajas penas por tráfico de drogas, lo que a menudo resulta en devoluciones desde Chile a Bolivia.
Para los inmigrantes colombianos y venezolanos, aunque también hay un número significativo de expulsiones asociadas a la ley antidrogas, los delitos más comunes están relacionados con robos con violencia e intimidación. En el caso de los venezolanos, se registraron 238 expulsiones por estos delitos, mientras que los colombianos alcanzaron 175.
Los datos sobre los delitos por nacionalidad de los expulsados son los siguientes:
– Bolivia: Infracción a la Ley 20.000 (649), Robo con intimidación o violencia (14)
– Colombia: Infracción a la Ley 20.000 (158), Robo con intimidación o violencia (175)
– Venezuela: Infracción a la Ley 20.000 (128), Robo con intimidación o violencia (238)
Bellolio destacó que las cifras reflejan la alta presencia del crimen organizado entre los inmigrantes de Colombia y Venezuela, quienes a menudo forman parte de bandas delictivas involucradas en delitos graves, como el Tren de Aragua y la célula de Los Gallegos. Además, se observó que una parte considerable de los inmigrantes expulsados había ingresado al país de manera irregular, lo que sugiere su posible implicación en actividades delictivas o en redes de tráfico y narcotráfico.
Los datos de la PDI también indican que Colombia, República Dominicana y Venezuela son los países que han visto un aumento en las expulsiones por delitos de ingreso clandestino o por paso no habilitado. En cuanto a las cifras de expulsiones por nacionalidad, se registraron los siguientes números:
– Expulsados de nacionalidad colombiana: 344 en 2022, 378 en 2023, 84 en 2024.
– Expulsados de nacionalidad dominicana: 436 en 2022, 362 en 2023, 63 en 2024.
– Expulsados de nacionalidad venezolana: 251 en 2022, 591 en 2023, 112 en 2024.
El Servicio Nacional de Migraciones estima que actualmente hay cerca de 30,000 decretos de expulsión pendientes. El costo asociado a la materialización de estas expulsiones se aproxima a los $120,000 millones, según lo indicado por el director de Sermig, Luis Thayer, en el Congreso. Este monto podría incrementarse si se considera que se proyecta la adición de otros 20,000 decretos para finales de año.
