El Gobierno ha decidido dar prioridad a un proyecto de ley que busca sancionar con penas de cárcel o multas a quienes ingresen al país por pasos no habilitados, en el contexto de una agenda legislativa centrada en la seguridad y el control migratorio.
La iniciativa, que modifica la actual Ley de Migración y Extranjería, tiene como objetivo tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, estableciendo sanciones penales para aquellos que eludan los controles fronterizos. Según el texto en discusión, las personas que ingresen al país por rutas no autorizadas podrían enfrentar una pena de presidio menor en su grado mínimo, que oscila entre 61 y 540 días de cárcel, o una multa que varía entre cinco y diec unidades tributarias mensuales. Además, tras cumplir la sanción, se procederá a la expulsión del extranjero del país.
El Ejecutivo ha otorgado discusión inmediata al proyecto, lo que obliga al Congreso a acelerar su tramitación. Esta medida forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el gobierno para reforzar el control fronterizo y endurecer las sanciones contra el ingreso irregular al país. Aunque la propuesta no es nueva y había sido presentada en años anteriores por parlamentarios de diferentes sectores, su tramitación había permanecido pendiente en el Senado. Con la urgencia otorgada por el Gobierno, se espera que el debate legislativo se resuelva en un plazo más breve.
Este proyecto se enmarca dentro de la actual estrategia de seguridad y migración del Ejecutivo, que también contempla otras medidas para fortalecer la vigilancia en las fronteras y restringir beneficios estatales a personas que se encuentren en situación irregular.
