El general director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para abordar la controversia en torno a la remoción de la exsubdirectora Consuelo Peña, un tema que ha generado un intenso debate político en el país. La exposición de Cerna, que duró 19 minutos, no logró satisfacer a los miembros de la oposición que habían solicitado su citación, ya que no se ofrecieron explicaciones claras sobre las razones detrás de la decisión de retirar a Peña, quien contaba con más de 30 años de servicio en la institución.
Cerna asumió la responsabilidad total de la remoción, afirmando: “Quien toma las decisiones en la PDI, es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”. Sin embargo, evitó detallar las motivaciones de su decisión, lo que generó descontento entre los legisladores. La oposición, representada por el diputado Raúl Leiva (PS), cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que la facultad de llamar a retiro no es meramente potestativa y debe estar respaldada por una justificación adecuada.
El diputado Jorge Brito (FA) también expresó sus dudas sobre la comparecencia de Cerna, señalando que no quedó claro si existieron presiones políticas por parte del Gobierno en la decisión de remover a Peña. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha estado en el centro de la controversia, aún no ha dado explicaciones sobre su posible injerencia en el proceso, lo que ha llevado a la oposición a exigir su comparecencia.
Tatiana Urrutia (FA), miembro de la comisión, destacó que la situación es preocupante y que el Gobierno debe proporcionar una hoja de ruta clara. La oposición ha solicitado a la Contraloría que investigue las circunstancias que rodearon el oficio enviado a Peña, que solicitaba información sobre un equipo de oficiales de la PDI, lo que podría tener implicaciones legales para la ministra Steinert.
La controversia se intensifica en un contexto donde la oposición está atenta a cualquier indicio que pueda justificar una interpelación a la ministra, especialmente si la Contraloría determina que su actuación no se ajustó a la legalidad. La situación ha generado un clima de incertidumbre en torno a la continuidad de Steinert en su cargo, mientras la PDI se encuentra bajo el escrutinio público y político.
