La Comisión de Obras Públicas del Senado chileno avanza en el estudio de un proyecto de ley que busca fortalecer el control del pesaje de vehículos de carga, con el objetivo de proteger la infraestructura vial del país.
En la sesión del 21 de enero, la senadora María José Gatica, presidenta de la comisión, junto a sus colegas Sergio Gahona, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti y Matías Walker, escucharon a diversos representantes del sector del transporte. Entre los asistentes se encontraban Anadeska Pincheira, presidenta de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Valdivia; Carlos Salazar, gerente del Consejo Superior de Transportes; Iván Mateluna, vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte de Carga; Oscar Tahan, director de la Asociación Gremial del Transporte Internacional; y Jorge Guerra, jefe Nacional de Pesajes de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
El proyecto, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, tiene como finalidad perfeccionar el marco normativo existente para salvaguardar la infraestructura vial, dado que el tránsito de vehículos de carga con sobrepeso es uno de los principales factores que contribuyen al deterioro de los caminos públicos. Para ello, se proponen obligaciones más estrictas y sanciones claras para las empresas que no cumplan con la normativa de control de peso.
Entre las modificaciones que se plantean se encuentra la ampliación de la definición de Empresas Generadoras de Carga (EGC) y Empresas Transmisoras de Carga (ETC), incluyendo a centros de transferencia que impactan directamente el tránsito terrestre, como puertos marítimos, aeropuertos y terminales. Además, se prohibirá la circulación de vehículos que excedan los límites de peso establecidos por la normativa vigente.
Las empresas que movilicen 60 mil toneladas anuales o más deberán contar con sistemas de pesaje autorizados, registrar el peso de los vehículos al ingreso y salida, emitir certificados de cumplimiento y remitir esta información al Departamento Nacional de Pesaje de la Dirección de Vialidad.
En cuanto a las sanciones, se contempla un sistema de multas graduadas que oscilarán entre 2 y 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos de incumplimientos reiterados, se podrá incluso clausurar las operaciones hasta que se subsanen las deficiencias detectadas. Las multas serán impuestas por resolución del Director de Vialidad y podrán ser apeladas ante el tribunal competente.
Si el proyecto es aprobado, las nuevas disposiciones entrarán en vigor un año después de su publicación, lo que permitirá a las empresas adecuar sus sistemas y procedimientos a las nuevas exigencias. La Comisión de Obras Públicas continuará el análisis del proyecto en futuras sesiones.
