Codelco amplía su querella en el caso Muñeca Bielorrusa, implicando a ex diputados en delitos de soborno y lavado de activos.
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, ha decidido ampliar la querella que presentó en noviembre de 2025 en el marco del caso conocido como Muñeca Bielorrusa. Esta ampliación se basa en nuevos antecedentes que han surgido durante la investigación y busca incluir a nuevos imputados por su supuesta participación en delitos de soborno y lavado de activos, en un contexto que afecta directamente a la empresa estatal.
La acción judicial fue presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre una serie de irregularidades en litigios entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM). En esta nueva presentación, Codelco ha decidido extender la acción legal contra los ex diputados Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, a quienes se les imputa ser coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos. Además, se incluye a María Pía Peñaloza López, quien es acusada de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.
Los hechos que se investigan están relacionados con decisiones judiciales que, según Codelco, fueron influenciadas de manera indebida a través de pagos y beneficios económicos, lo que ha perjudicado a la corporación. En particular, la investigación revela múltiples episodios vinculados a resoluciones emitidas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, en causas iniciadas por CBM contra Codelco, que resultaron en pagos que superan los 17 mil millones de pesos chilenos.
Codelco ha señalado que la ampliación de la querella se fundamenta en antecedentes que permiten establecer la participación de los imputados en la ejecución de estos hechos, incluyendo conductas relacionadas con la tramitación de acciones judiciales, la coordinación de pagos y operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos involucrados. En una declaración pública, la estatal enfatizó la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la integridad del sistema judicial y la influencia de intereses económicos en las decisiones judiciales, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en la administración de justicia en Chile.
