La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena, que había desestimado un recurso de amparo presentado por un interno del Complejo Penitenciario de La Serena, quien impugnaba una sanción disciplinaria de privación total de visitas por 28 días.
El interno había sido sancionado tras un procedimiento de registro en el que se le atribuyó la tenencia de un teléfono celular. En su defensa, argumentó que la sanción carecía de fundamento probatorio suficiente, ya que se basaba únicamente en la declaración de un funcionario penitenciario, sin contar con evidencias objetivas como fotografías del lugar donde se encontró el dispositivo o del objeto incautado. Según el recurrente, esto vulneraba sus derechos a un debido proceso.
El interno también señaló que existían contradicciones en los antecedentes del caso. Por un lado, se presentó un acta que indicaba la no declaración de infractores, y por otro, una supuesta declaración suya en la que reconocía la propiedad del teléfono, aunque afirmaba no saber dónde había sido hallado, lo que, según él, restaba coherencia a la acusación.
Además, el interno argumentó que la resolución que rechazó su recurso de reposición no estaba debidamente motivada, ya que no abordaba los argumentos de su defensa, lo que configuraba un acto arbitrario que afectaba su libertad personal y seguridad individual.
La Corte de Apelaciones de La Serena desestimó el recurso de amparo, señalando que la resolución impugnada se refería a la decisión de mantener la sanción disciplinaria y que la acción constitucional se basaba únicamente en una discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el juez de garantía. La corte consideró que esto no constituía un acto ilegal ni arbitrario, dado que la decisión fue tomada por un tribunal competente dentro de sus facultades legales.
Asimismo, la Corte de Apelaciones argumentó que aceptar la pretensión del interno transformaría el recurso de amparo en una instancia de revisión de mérito, lo que desnaturalizaría su carácter excepcional. La resolución fue considerada debidamente fundamentada, y se descartó la existencia de arbitrariedad o vulneración de derechos.
Posteriormente, la defensa del interno apeló ante la Corte Suprema, que, tras revisar el caso, confirmó íntegramente el fallo de la Corte de Apelaciones, manteniendo así la sanción disciplinaria impuesta al interno.
