La Contraloría General de la República (CGR) ha instado a la ex ministra Cecilia Pérez, su ex esposo Carlos Contreras y su cuñada Marcela Gálvez a reintegrar más de 25 millones de pesos a la Municipalidad de La Florida, tras una auditoría que no encontró respaldo suficiente para las labores que supuestamente realizaron en la gestión del ex alcalde Rodolfo Carter durante 2024.
La CGR determinó que no existe documentación que acredite el trabajo de Pérez, quien se desempeñó como coordinadora de gabinete desde enero de 2024, recibiendo un salario mensual bruto superior a 4,6 millones de pesos. Según el informe, los informes de actividades presentados por la ex ministra fueron considerados insuficientes, ya que “no se obtuvo evidencia de la realización de las labores encomendadas”. En detalle, se reportó que en enero de 2024, Pérez solo reportó ocho días laborales; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete, a pesar de recibir su remuneración completa durante esos meses.
La auditoría también se centró en las contrataciones de Carlos Contreras y Marcela Gálvez. En el caso de Contreras, la CGR indicó que sus informes eran genéricos y no permitían verificar el cumplimiento de sus funciones, lo que llevó a solicitar la devolución de 4,9 millones de pesos. Por su parte, Gálvez fue cuestionada por reajustes salariales que no se ajustaban a su contrato, lo que resultó en una solicitud de reintegro de 2,3 millones de pesos.
Desde la Municipalidad de La Florida, se ha señalado que existe una “discrepancia jurídica” en la exigencia de la CGR, argumentando que se les está pidiendo un “estándar superior al habitual” para respaldar los contratos a honorarios. En respuesta, la Contraloría ha anunciado que iniciará un proceso de reparo de cuentas en los próximos días para recuperar los fondos que considera no justificados.
Este caso se suma a una serie de controversias relacionadas con contrataciones y ascensos en el municipio, que han incluido a familiares de Pérez y Carter, lo que ha generado críticas por parte de parlamentarios, quienes han calificado las acciones del Ejecutivo como “impropias y deshonestas” por vulnerar el mérito y la probidad en la función pública.
