La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó el sentir de gran parte del Gobierno tras la reciente renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, debido a un error en la compra de una casa del ex Presidente Salvador Allende para su conversión en museo. Este incidente ha generado un nuevo revés en el gabinete a casi un año de finalizar su mandato. La situación se complicó cuando se reveló que la compra de la propiedad violaba la Constitución, ya que los ministros y parlamentarios tienen prohibido realizar contratos con el Estado, siendo Maya Fernández, la ministra de Defensa y nieta del exmandatario, una de las propietarias del inmueble, junto a la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende.
El anuncio de la renuncia de Sandoval se realizó cerca del mediodía de este lunes, a través de un comunicado breve de la Presidencia, que agradecía su desempeño. La vocería en La Moneda, a cargo de la ministra (s), Aisén Etcheverry, estaba inicialmente destinada a detallar los énfasis del gobierno en la primera semana legislativa de 2025, pero el giro en los acontecimientos llevó a que se comunicara la renuncia de Sandoval.
El conflicto surgió a raíz de la compra de la casa, que se estimaba en cerca de $1.000 millones, y que había generado críticas tanto desde la oposición como dentro del propio gobierno. A pesar de que Sandoval intentó explicar la situación, sus argumentos no fueron considerados, lo que llevó a su salida del gabinete. La atención mediática sobre este caso se intensificó durante la visita del Presidente Gabriel Boric al Polo Sur, donde la controversia opacó la importancia de la misión científica.
El Ejecutivo, en un intento por mitigar el impacto del escándalo, centró la responsabilidad en Sandoval, quien estaba a cargo de gestionar la compra. Sin embargo, desde la oposición se anticipa que se exigirá que Maya Fernández también asuma su parte de responsabilidad política en este asunto.
La familia Allende emitió un comunicado en el que expresaron su apoyo al proyecto del Gobierno, afirmando que su única motivación era que la casa se convirtiera en un museo, similar a otros sitios históricos en el mundo. En su declaración, indicaron que se habían atenido a los trámites necesarios y que compartían la decisión de desistirse de la compra de la residencia familiar.
El analista político y profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, comentó que la salida de Sandoval representa un reconocimiento del Gobierno sobre el error cometido, señalando que “el error fue demasiado grosero como para dejarlo pasar”, dado que la Constitución prohíbe los contratos entre ministros o legisladores con el Estado. Morales también destacó que es incomprensible cómo este “horror jurídico” avanzó sin ser detenido antes de convertirse en un acto formal.
Por su parte, Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, subrayó que lo ocurrido establece la necesidad de responsabilidades políticas, además de las penales y administrativas, para asegurar el control y la rendición de cuentas. Moreno sugirió que el Gobierno debe mejorar sus mecanismos de control y asesoría tecno-política para evitar errores similares en el futuro.
